Jueces.- Un total de 48 de los 127 jueces y magistrados de la capital secundan la huelga convocada por la APM

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 de los 127 jueces y magistrados de la capital hispalense secundaron hoy jueves la jornada de huelga convocada a nivel nacional por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en protesta por la actual situación de la Administración de Justicia, en una jornada en la que se mantuvieron los servicios mínimos, tales como las causas con presos o los asuntos urgentes.

Según explicó en declaraciones a los periodistas el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez, en la Audiencia fueron 15 --de un total de 31-- los magistrados que manifestaron su apoyo a la huelga, aunque quiso matizar que uno de estos 15 --concretamente el mismo presidente de la Audiencia, perteneciente a la APM-- "ha secundado la jornada de paro, que no es lo mismo".

En este sentido, y tras defender que los magistrados "no tenemos derecho a la huelga", Manuel Damián Álvarez precisó que, de los 15 magistrados anteriormente citados, diez no han ocupado su lugar de trabajo, cuatro han acudido a la Audiencia para resolver servicios mínimos como causas con presos y asuntos urgentes, y uno --el propio presidente de la Audiencia-- que también ha acudido a su despacho.

Asimismo, y respecto a las incidencias que la huelga ha provocado a lo largo de la jornada, señaló que únicamente se han pospuesto dos señalamientos --que no eran juicios, sino deliberaciones y votaciones--, al tiempo que informó de que, en el resto de la provincia, han sido 17 los jueces de los distintos partidos judiciales que se han sumado a la medida de protesta y se han declarado en huelga.

LECTURA DE MANIFIESTO

De igual modo, y según los datos aportados a los periodistas por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, un total de 33 jueces de órganos unipersonales del partido judicial de Sevilla han secundado esta huelga, del total de 96 que estaban convocados.

Por su parte, el portavoz de la APM en Sevilla y juez de lo Penal número 2 de Sevilla, Álvaro Martín, leyó a las 12,00 horas un comunicado ante las puertas de la Audiencia Provincial en el que se dice que "los jueces y magistrados que hoy hemos ejercitado el derecho de huelga queremos hacer pública nuestra decepción por el escaso resultado obtenido tras las negociaciones mantenidas entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia".

En este sentido, aseguró que "nuestro objetivo siempre ha sido conseguir la modernización de la justicia española y su adaptación a las necesidades de una sociedad del siglo XXI, así como mejorar y dignificar nuestras actuales condiciones de trabajo, de forma que sea posible prestar un mejor servicio a los ciudadanos, mas rápido y eficaz, para lo cual es necesario equiparar la planta judicial española a la media europea".

HASTA NUEVE MILLONES DE ASUNTOS ANUALES

Al hilo de ello, y según prosigue el comunicado, "la lentitud en la creación de juzgados al ritmo que se pretende es evidente, porque los jueces, con una carga de trabajo que supera los nueve millones de asuntos anuales, no están en condiciones, con medios del siglo XIX, de otorgar la tutela judicial de calidad y en tiempo que los ciudadanos piden en el siglo XXI".

Así, añadió que "todo ello pasa ineludiblemente por el compromiso de incrementar la inversión presupuestaria en Justicia, como nunca antes se ha hecho". "Frente a ello, no hay compromiso presupuestario a medio o a largo plazo, mas allá de inversiones puntuales, siendo el gasto en Justicia inferior en tres veces al de la media europea", apostilló.

"Queremos subrayar que el poder judicial, por sí solo, poco puede hacer para paliar esta situación, pues en cuanto a medios materiales y de personal depende de los restantes poderes del Estado y precisa de su colaboración en lo económico", según prosiguió, trasladando la exigencia al Ministerio del ramo y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia "algo tan sencillo como que cumplan con su obligación de dotar a los órganos judiciales de los recursos precisos para el digno y eficaz desempeño de la función jurisdiccional, que redundará en beneficio del servicio público de la administración de Justicia".