Actualizado 27/01/2012 20:54 CET

La juez pide las ayudas de IDEA a 5 consejerías y la relación de "ayudas de Estado" dadas por la Junta

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha solicitado a la Junta que remita "un cuadro resumen" de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.

En el auto de 42 páginas dictado este mismo viernes, consultado por Europa Press, la juez Alaya exige asimismo a la Junta de Andalucía que aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y, a su vez, las autorizaciones de dicha comisión relativas a las "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las "diferentes" consejerías y superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso de empresas dedicadas al transporte por carretera, también en este caso desde 2001 hasta 2011.

La juez explica que, superado dicho umbral, "es absolutamente necesaria la autorización" de la Comisión Europea para su concesión "por considerar que repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario", aseverando que todo ello "es de extraordinaria relevancia dado que, como sabemos, se han concedido multitud de ayudas directas a empresas con cargo a los fondos públicos, por encima del umbral de los 200.000 euros citados en la normativa comunitaria, concentradas además muchas de ellas en las mismas personas o grupos empresariales y en cortos espacios de tiempos".

Por ello, "habrá que averiguar si esas ayudas han sido autorizadas por la Comisión Europea y si ésta ha tenido conocimiento de las mismas", tras lo que también solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías de la Junta "que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea, a través de la representación permanente española en la UE", desde 2001 hasta la actualidad.

IMPUTA A ABOGADOS Y SINDICALISTAS

En el mismo auto, la magistrada imputa en el procedimiento a otras 18 personas, como son, entre otros, el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que han ocupado el cargo en la actual legislatura y que sucedieron a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso; el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, además de abogados de Garrigues y de Estudio Jurídico Villasís.

Comenzando por Enrique Manuel Jiménez García, argumenta que él mismo reconoció en su declaración ante la Guardia Civil "su intervención" en la introducción de un 'intruso' en la póliza de Calderinox, y además "fue quien envió" una carta a Juan Márquez "para convencerlo de la necesidad de dicha inclusión", mientras que la imputación de Juan Antonio Caravaca se produce después de que el citado 'intruso' declarara ante la Policía Judicial que fue el sindicalista "quien lo llamó por teléfono para decirle que lo iban a incluir en la póliza" de esta empresa.

En este sentido, y sin salir de Calderinox, la magistrada imputa a José González Mata, representante legal de Uniter, mediadora de la póliza de jubilación, "y partícipe activo en la inclusión de dos intrusos --entre ellos el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés-- al realizar los cálculos actuariales de los mismos". En este punto, la juez Mercedes Alaya acuerda mantener la imputación de los dos 'intrusos', como son Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón.

"TOTAL AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO"

Asimismo, y en relación a la empresa Aglomerados Morell, acuerda la imputación de Juan Márquez; Francisco Javier Guerrero; el sindicalista Juan Lanzas, que "fue el ideador de la prejubilación innecesaria de los trabajadores" y de la inclusión en la póliza de Jorge Andrés Morell "pese a estar jubilado desde el 2000" y de su amigo José Luis Llorente --a los que también imputa--, "que nunca trabajó para la empresa y al que fraudulentamente se le dio de alta un mes y medio antes" del estudio de la póliza que realizó Vitalia.

En relación con esta empresa, imputa al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas que fue quien "arbitrariamente y de forma verbal asumiría en nombre de la Junta" compromisos de pagos de ayudas "que luego se ven refrendados en resoluciones dictadas" por los directores generales de Trabajo "con total ausencia de procedimiento"; al entonces director comercial de Vitalia Vida, Antonio Albarracín, y a Jesús María Bordallo, directivo de la consultora de previsión social Vitalia.

También imputa, como se ha mencionado anteriormente, a Jorge Andrés Morell, presidente honorífico de la empresa pero jubilado en la misma desde 2000, quien "reconoce que fue incluido en la póliza para recuperar el dinero que tuvo que aportar para el traslado de la empresa a su nueva ubicación"; a su hijo y administrador de Aglomerados Morell, Luis Morell, quien, sin haber solicitado el ERE "y sin serle necesario" éste, admitió los despidos "para obtener las ayudas" de la Junta y permitió la inclusión en la póliza de dos personas "que no estaban trabajando" en su empresa, como son su propio padre y Luis Llorente, "amigo" de Juan Lanzas a quien también imputa.

EL PAPEL DE JUAN LANZAS EN RÍO GRANDE

En relación a la empresa sevillana Río Grande, y además de la imputación de Márquez y de Guerrero, la magistrada apunta nuevamente a Juan Lanzas por "intervenir activamente" en las negociaciones del ERE y de la póliza para las prejubilaciones, hasta el punto de que "ideó" la inclusión de la 'intrusa' Carmen Fontela "para repartirse" junto con el también imputado Francisco José González las rentas temporales que la misma percibía con motivo de la póliza. También imputa, en relación a estos hechos, al director comercial de Vitalia por "intervenir activamente" ante la Junta para que la empresa "obtuviera injustificadamente dicha ayuda pública".

De otro lado, y respecto a la empresa Acyco, imputa a la presidenta del Consejo de Administración cuando esta empresa solicitó el ERE, Encarnación Poto Monge, ya que fue incluida en dicho ERE "cuando no llegó a extinguir su relación laboral" con la misma, llegando a cobrar incluso dietas por asistir a los consejos de administración, a lo que se suma que solicitó una ayuda excepcional para mantener 144 puestos de trabajo de la empresa "cuando en realidad dicha ayuda era para el pago de la minuta del despacho Garrigues, a cuyo pago habían sido condenados" por medio de una sentencia.

También imputa al director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero, y a dos miembros del despacho de abogados Garrigues que tuvieron una "activa" intervención en todo el proceso de negociación y tramitación del ERE, incluidas las negociaciones con la Junta, así como, nuevamente, a Francisco Javier Guerrero, en su caso por firmar el protocolo de colaboración suscrito para financiar las prejubilaciones de los trabajadores de Acyco, protocolo que incluía un anexo donde aparecían dos 'intruso', y a Antonio Albarracín y Jesús Bordallo.

RIVAS Y EL ERE DE SURCOLOR

A Rivas, de otro lado, también lo cita en lo relativo a Surcolor, ya que "conocía indiciariamente" la inclusión de dos 'intrusos', un extremo que según la juez también era conocido por Juan Lanzas. Además, imputa al presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y al consejero delegado, Manuel Rafael Castilla, y a dos miembros de Estudios Jurídicos Villasís.

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