Más de 34.000 andaluces se beneficiarán a partir de enero de 2007 de la ley nacional
SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía espera aprobar la ley autonómica de Dependencia a principios de 2007, "inmediatamente después" de la entrada en vigor de la ley nacional en enero de ese año y una vez que se haya adaptado a la realidad andaluza la denominada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
En declaraciones a Europa Press, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, señaló que a finales de 2006 se comenzará a trabajar "con certeza" en el articulado de la ley andaluza y se acometerán las "lógicas" reformas en algunas leyes autonómicas como consecuencia de la aplicación de la norma nacional.
No obstante, la consejera avanzó que desde su departamento se prepara ya una documentación previa que sirva de base para perfilar la futura ley autonómica y detalló que en las próximas semanas se invitará a agentes sociales y otras consejerías como Salud o Economía y Hacienda para que se incorporen al grupo de trabajo.
Navarro, que estuvo ayer presente en la XXXV Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en la que el Gobierno presentó a las comunidades autónoma el anteproyecto de ley, recalcó el esfuerzo que desde hace años lleva realizando la Administración andaluza para, cuando se aplique la ley, "dar respuesta no sólo a la necesidad sino también al derecho que van a tener esas personas".
"Aún faltándonos mucho por recorrer, Andalucía ha hecho muchísimo en ese sentido y tenemos que potenciar, entre este año y el que viene, todos esos recursos para estar en condiciones de dar respuesta a todas y cada una de las necesidades", subrayó.
En cuanto a la ley nacional, la consejera avanzó que una vez entre en vigor, más de 34.000 andaluces se beneficiarán de las prestaciones en este primer baremo de ayudas, con un grado de dependencia de más del 75 por ciento. Según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para 2015 recibirán este tipo de ayudas entre 300.000 y 400.000 personas con distintos grados de dependencia.
Navarro destacó asimismo que esta ley es "absolutamente necesaria" y compartió el modelo de financiación elegido, donde el Gobierno aporta el 50 por ciento, "la primera vez que una ley de estas características cuenta con una inversión de esta magnitud", y las comunidades el 50 por ciento restante. Por ello, dijo que la Administración autonómica valora "de manera muy positiva" la memoria económica de una ley "que garantiza recursos universales para las personas dependientes".
El futuro sistema priorizará la prestación de servicios (ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas y plazas residenciales entre otros) y, en los casos en los que no fuera posible prestarlos, los beneficiarios percibirán una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio en el mercado privado. Por otro lado, se prevé regular la figura de los cuidadores familiares, que percibirán una prestación económica (en su mayoría mujeres) y se incorporarán a la Seguridad Social.
