SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley de Cuentas Claras y Abiertas para la Administración Pública Andaluza, presentada por el grupo parlamentario Podemos Andalucía.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, esta propuesta requeriría un "ingente trabajo" previo de revisión y depuración de información para garantizar la protección de datos de carácter personal, con el consiguiente aumento del coste económico y de los créditos presupuestarios.
El pasado 19 de junio, y en función de las facultades que le atribuye el reglamento de la Cámara autonómica, el Consejo ya ejerció su veto a la tramitación de un texto prácticamente idéntico por implicar un incremento de créditos presupuestarios.
La nueva proposición presentada por Podemos vuelve a implicar, según ha explicado Vázquez, la divulgación detallada de datos vinculados a los cargos y abonos que se producen en las cuentas de la Junta, las entidades locales y otros entes del sector público, así como la identificación de terceros (personas físicas y jurídicas con las que tiene relación la Administración autonómica), de los conceptos de las operaciones y de la información adicional que figura en los movimientos.
La labor previa de revisión y depuración, y el consiguiente aumento del personal necesario para realizarla, supondría costes económicos no previstos presupuestariamente.
El Consejo de Gobierno recuerda, no obstante, que el grueso de la información a la que legalmente se puede tener acceso ya está disponible en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde se pueden consultar los datos de ejecución del presupuesto anual y la situación y movimientos de la Tesorería General, por operaciones tanto presupuestarias como extrapresupuestarias.
El reglamento de la Cámara andaluza establece que el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación, si implica un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios.
