SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha rechazado las críticas del presidente del PP-A, Juanma Moreno, y ha asegurado que la Junta "sigue trabajando para dar seguridad jurídica a los empresarios de chiringuitos".
En una nota, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha asegurado que viene trabajando "de forma permanente, con máxima implicación y en colaboración con el sector de chiringuitos de playa para resolver cuanto antes la situación generada tras la sentencia del Tribunal Supremo".
Ha indicado que "en contra de lo que dice Moreno, la falta de seguridad jurídica, la incertidumbre la ha traído la anulación de una norma aprobada precisamente por el gobierno de Mariano Rajoy, no por ningún gobierno anterior; en concreto se trata de la Disposición Transitoria 26 del Reglamento de la Ley de Costas, de 10 de octubre de 2014, norma que el Tribunal Supremo ha tumbado por considerar que vulnera los principios de igualdad, proporcionalidad y jerarquía normativa, entre otros".
Ha explicado que "poco después de que se recibiera el traspaso de funciones y servicios, que no de competencias, de gestión del litoral en 2011, tras las elecciones generales de aquel año, el sector de los empresarios de los establecimientos de playa solicitó que se postergara el proceso de renovación de las concesiones hasta conocer el nuevo marco legal, puesto que el PP, vencedor de las elecciones, había prometido modificar la Ley de Costas".
Así, ha recordado que en 2013 vio la luz la nueva Ley, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, "pero dado que el sector consideró que sus expectativas no habían sido del todo satisfechas merced a dicha Ley, volvió a solicitar que el proceso no se retomase hasta conocer los términos del Reglamento que desarrollaría la misma".
Ha explicado que el Reglamento "se aprobó definitivamente en octubre de 2014, Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, Reglamento General de Costas, y en su articulado incorpora una Disposición Transitoria, la 26, que concede un derecho de preferencia en orden a la tramitación de las concesiones a favor de los ocupantes materiales de las instalaciones".
La Junta ha agregado que esa disposición, que durante la tramitación en sede administrativa del Reglamento, "había sido informada desfavorablemente por el Consejo de Estado, ha sido declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Supremo mediante una sentencia dictada el pasado mes de julio". El Supremo entiende que esa preferencia conculca los principios reseñados de igualdad, proporcionalidad y jerarquía normativa.
En ese sentido, "como hay un número considerable de expedientes instruidos al amparo de ella, fundamentalmente en la provincia de Málaga, la Consejería tiene que revisar en qué medida resultan afectados, en la mayoría de las ocasiones, caso a caso, para tomar las decisiones oportunas con el mayor rigor jurídico posible, justamente para garantizar la seguridad jurídica".
Por otra parte, ha dejado claro que "no se puede comparar la situación de Granada con la de Málaga", toda vez que "Málaga concentra prácticamente la mitad de los establecimientos de estas características que existen en el litoral andaluz", de manera que "la casuística y la complejidad es mucho mayor, por lo que no se puede hablar de agravio comparativo ni de nada que se le parezca, sencillamente porque las situaciones de una y otra provincia no son comparables".
DESLEALTAD CON LA JUNTA
En opinión del consejero José Fiscal, "es el gobierno del PP el que nos ha metido en este problema al actuar de forma irresponsable, puesto que decidió aprobar una norma de cuya dudosa legalidad ya le había advertido el Consejo de Estado, advertencia a la que hizo caso omiso".
Apunta que hay que añadir que ese mismo gobierno, hoy en funciones, del señor Rajoy, "ha sido desleal con la Junta de Andalucía, ya que desde la Administración General del Estado ni siquiera se había advertido a esta Administración autonómica de la existencia de un recurso judicial contra la norma, de forma que a la Junta de Andalucía y en concreto a la Consejería de Medio Ambiente, le ha resultado materialmente imposible articular algún mecanismo de respuesta contra la eventual anulación de la disposición, como finalmente ha sucedido".
Por otra parte, la Junta ha recordado que el consejero ya ha comparecido en sede parlamentaria para dar estas mismas explicaciones. Para José Fiscal, "el PP, perfecto conocedor de cuál es la realidad, prefiere ignorarla sólo con el propósito de desgastar al gobierno andaluz".
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "continúa trabajando para que las concesiones que no se han visto afectadas por la sentencia, tal y como ha sido el compromiso con los empresarios, puedan estar resueltas en el mes de octubre".
