De Llera acusa a Gobierno de suspender la puesta en marcha de un sistema que mejora la protección de mujeres maltratadas

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha acusado en el Parlamento al Gobierno central de haber suspendido, "de forma unilateral y sin motivación alguna", la firma de un convenio para agilizar la comunicación a las fuerzas de seguridad de las órdenes de protección de víctimas de violencia de género dictadas por los juzgados en Andalucía.

De Llera, como respuesta a una pregunta parlamentaria realizada en Pleno por la diputada socialista Antonio Moro, ha señalado que Junta y Ministerio del Interior habían acordado para el pasado 3 de marzo la firma de un convenio de colaboración en el que ambas administraciones llevaban trabajando más de dos años para conectar la aplicación del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de la Consejería de Justicia e Interior con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género --denominado Viogen--, que gestiona la Secretaría de Estado de Seguridad.

Sin embargo, según el consejero, el Ministerio de Interior decidió, "sorpresivamente y de manera unilateral", suspender la firma del convenio de colaboración sin comunicar el motivo ni haber ofrecido una nueva fecha para rubricarlo, a pesar de estar todo dispuesto para su materialización y que la Consejería se había puesto en contacto con los responsables del Gobierno central para interesarse por el asunto.

"La interconexión de los dos sistemas --ha precisado De Llera-- es muy necesaria, por cuanto que establece un canal rápido, seguro e integrado que facilita a todos los agentes implicados, fuerzas y cuerpos de seguridad y organismos e instituciones competentes, la información sobre las medidas judiciales de protección que se acuerden, mejorando la eficacia y coordinación entre ellos".

El consejero ha subrayado, además, que Andalucía iba a ser la primera comunidad autónoma en poner en marcha este nuevo sistema de colaboración para la protección de las víctimas de violencia de género, "y desconocemos --ha añadido-- si es eso lo que más le preocupa al Gobierno central para decidir de manera inesperada su suspensión".

El titular de Justicia e Interior ha recordado que la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas "es un asunto de enorme gravedad que no admite demoras de ningún tipo, sino que exige de la aplicación de cuantas medidas y actuaciones sean necesarias y, por supuesto, de la implicación, el compromiso y la necesaria coordinación de todas las administraciones".

El Punto de Coordinación de órdenes de protección de Andalucía, que gestiona la Consejería de Justicia e Interior, es el primero en España que notifica de forma telemática estas medidas a las entidades que dan protección social a las víctimas de violencia de género, prestándoles información, asesoramiento y acompañamiento durante el proceso judicial al que se enfrentan.

RESPUESTA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA

Las órdenes de protección proporcionan a las víctimas una respuesta integral contra la violencia, al incluir en una única e inmediata resolución todas las medidas penales y civiles y activar al mismo tiempo todos los mecanismos de seguridad y protección social que ofrecen las distintas administraciones para estos casos.

Con este Punto de Coordinación, la Junta aporta un recurso que garantiza la efectiva cooperación entre los distintos órganos judiciales y organismos públicos que intervienen en la protección de estas víctimas. Este servicio garantiza además una comunicación inmediata de la orden de protección todos los días del año, las 24 horas del día, a las instituciones que ofrecen protección social a las víctimas favoreciendo un acceso inmediato a los servicios y recursos especializados de atención y asistencia.

La orden de protección es la resolución más contundente para proteger a una víctima de violencia de género, ya que permite aglutinar en un único acuerdo judicial medidas cautelares penales sobre el agresor para impedir la realización de nuevos actos violentos y medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las mujeres que sufren malos tratos.