SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, a la Consejería de Fomento y Vivienda y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ante la existencia de aguas fecales en la vía pública y bloques de viviendas públicas de el Polígono Sur de Sevilla.
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, Maeztu explica que la Institución ha tenido conocimiento por noticias aparecidas en diversos medios de comunicación de la existencia de lagunas de aguas fecales en la vía pública en calles como Escultor Sebastián Santos y Arquitecto José Galnares, situadas en el Polígono Sur.
Así, Maeztu expone que el presidente de la Asociación de Vecinos Martínez Montañés "ha denunciado el caso omiso que ha hecho la Junta de Andalucía, propietaria de los bloques afectados a estos hechos, que se vienen sucediendo desde finales del año 2014 y que consisten en la rotura de arquetas y canalizaciones de agua que sacan a los zaguanes, soportales de los bloques y a la misma vía pública los residuos fisiológicos de las personas residentes que viven en régimen de alquiler en estas viviendas sociales".
Además, y según la información facilitada en los medios de comunicación, afirma el Defensor, el problema "lleva meses detectándose pero ahora se intensifica su magnitud y las consecuencias por la llegada del verano y la presencia en la calle de más personas, sobre todo, menores y personas mayores".
"Según parece, las deficiencias de las conducciones se atribuyen al mal uso de las personas residentes y a los estragos que causan las ratas, las cuales se comen el material y rompen las infraestructuras", señala Maeztu en la citada queja, en la que afirma que "a la vista de cuanto acontece, pueden estar viéndose conculcados derechos constitucionales como el de protección a la salud, el de una vivienda digna e incluso el derecho a la integridad física".
Por tanto, y ante esta situación, el Defensor del Pueblo incoa queja de oficio ante la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, propietaria de las viviendas afectadas, y el Ayuntamiento de Sevilla, titular de la competencia municipal en materia de salud pública.
