Más de un 36% de consorcios locales no rinden cuentas desde 2006, según Cámara de Cuentas

Publicado: martes, 2 agosto 2016 17:26

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un 36 por ciento de consorcios públicos locales no han rendido sus cuentas entre 2006 y 2014, mientras que 44 consorcios se encuentran sin actividad y 26 se encontraban disueltos, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, titulado 'Análisis de los consorcios públicos locales de Andalucía 2014-2015'.

En dicho informe, que precisa que el número total de consorcios sobre los que se ha analizado su situación es de 144, se apunta que "no se ha podido disponer de información sobre la adscripción de 22 consorcios, si bien se puede afirmar que al menos 20 tienen carácter local".

El trabajo de fiscalización realizado ha puesto de manifiesto que de los 144 consorcios públicos locales andaluces, 63 tienen actividad, 44 se encuentran inactivos, 26 han quedado disueltos y hay 11 de los que no se ha podido disponer de información sobre su estado en dicha fecha.

Por otra parte, se ha comprobado que hay 24 consorcios que se encuentran relacionados entre sí, al haber adoptado diferentes nombres a lo largo del tiempo e ir variando la composición de sus partícipes, "cuando en realidad se trata solo de nueve, siendo de destacar el caso de los de la recogida de residuos de la provincia de Almería".

En cuanto a los consorcios con actividad, a 15 de septiembre de 2015 hay 63 consorcios públicos locales andaluces con actividad, el mayor número de ellos concentrado en las provincias de Jaén (16) y Málaga (10), y el menor en las de Huelva y Cádiz, con cuatro cada una de ellas.

El informe precisa que desde el 31 de diciembre de 2013, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrsal), no ha tenido lugar la constitución de ningún consorcio público local en Andalucía.

De los 63 consorcios con actividad, hay 26 que han cumplido con la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Lrjap-PAC), tras su inclusión por la Lrsal, que obliga a modificar los estatutos para determinar la administración pública a la que estará adscrito, aunque uno de ellos lo hace con irregularidades.

Además, 15 de estos 26 consorcios han publicado dicha modificación estatutaria en el BOJA antes del 31 de diciembre de 2014, antes de un año de la entrada en vigor de la Lrsal, en cumplimiento del plazo establecido por su disposición transitoria sexta.

De esta forma, el informe indica que hay 37 consorcios que no han adaptado sus estatutos a la normativa, lo que supone un incumplimiento de la misma. Estos 37 consorcios locales que no han cumplido con la obligación de adaptar sus estatutos a la Lrsal, al no haber llevado a cabo tal modificación, "no tienen una adscripción definitiva a ninguna entidad local".

Por ello, se recomienda a estos consorcios públicos locales andaluces que "realicen los trámites para modificar sus estatutos con el propósito de determinar la administración local a la que quedan adscritos, tal y como exige la disposición adicional 20 de la Lrjap-PAC, por ser fundamental para la rendición de la Cuenta General de las entidades locales del ejercicio presupuestario 2015 y sucesivos".

Por otro lado, de los 63 consorcios locales con actividad, 40 han rendido las cuentas anuales de alguno de los años del período 2006-2014, mientras que 23 no lo han hecho en ninguna ocasión.

CONSORCIOS SIN ACTIVIDAD

El informe alude a los consorcios 'sin actividad', los cuales "pueden haber iniciado su proceso de disolución y no lo han finalizado a 15 de septiembre de 2015; o bien, puede ocurrir que no haya comenzado su proceso de disolución, pero que, sin embargo, sus órganos de gobierno y de gestión no se reúnan para la adopción de acuerdos y, en consecuencia, hayan cesado en el ejercicio de sus funciones, y no hayan aprobado, por tanto, los presupuestos anuales para su funcionamiento".

En el primero de los casos, la adopción del acuerdo de disolución por el órgano competente del consorcio motiva su pase de situación 'con actividad' a la de 'sin actividad', por aplicación de la regla 4 de la Instrucción de Contabilidad Local, que determina que en los casos de disolución las cuentas anuales se refieran al período que va desde el 1 de enero hasta la fecha de disolución.

Tras dicho acuerdo, la gestión del consorcio corre a cago de la comisión liquidadora designada al efecto que será la encargada de su liquidación. Tal situación de sin actividad se prolonga en el tiempo hasta que se produce su extinción y desaparición de la vida jurídica, que tiene lugar con la publicación en el BOJA del acuerdo de disolución.

El informe precisa que a 15 de septiembre de 2015 hay 44 consorcios locales andaluces que comunican encontrarse en situación de sin actividad a dicha fecha, localizados la mayoría en las provincias de Almería (14), Sevilla (ocho) y Málaga (siete), y en las de Jaén (tres), Huelva (dos) y Cádiz (dos), la minoría.

Por otra parte, hay 12 de los 44 consorcios sin actividad que han iniciado los trámites para su disolución, habiendo llegado en seis de ellos hasta el acuerdo de disolución adoptado por el órgano competente del consorcio; "pero, al no haberse publicado en el BOJA no se ha producido su extinción".

De esta forma, indica que "hay 32 que no han iniciado el proceso para su disolución, de los que en 22 se conoce el ejercicio presupuestario en el que dejaron de tener actividad".

Por tanto, se recomienda a estos 44 consorcios públicos locales andaluces sin actividad que realicen los trámites para su disolución y extinción.

LOS CONSORCIOS DISUELTOS

El informe precisa que tras la fiscalización realizada, "se identifican 26 consorcios locales andaluces que estaban disueltos el 15 de septiembre de 2015, localizados la mayoría en las provincias de Jaén (ocho), Granada (siete) y Sevilla (cinco), de los que 22 lo hicieron después de la entrada en vigor de la Lrsal, el 31 de diciembre de 2013".

Por último, no se ha verificado cuántos de estos 26 consorcios locales han llevado a cabo el reparto efectivo del patrimonio resultante de su liquidación entre sus entidades partícipes.