SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha reprochado este viernes que en el real decreto 16/2012, ya sometido a algunas correcciones que se publicaron este pasado martes en BOE, "no haya ninguna medida que pueda ser competencia de la comunidad autónoma, como así ha ocurrido con la ratio en educación", motivo por el que ha admitido que desde la Junta "tendremos que aplicar las aportaciones del ciudadano" que fija esta norma en varios de sus puntos. Con todo, ha puntualizado que estudiarán "todos los mecanismos correctores que permitan que ningún ciudadano vea deteriorada su salud".
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Montero ha dicho que el Ejecutivo andaluz "no es un gobierno insumiso", por lo que ha recordado que la Junta "está obligada a cumplir las leyes estatales". De ahí, ha proseguido, "nuestra denuncia ante este decreto, que supone para algunos pacientes un deterioro grave de sus condiciones de salud, ya que son justamente las familias las que están viviendo en mayor medida y en primera persona esta situación económica".
"El decreto tienen carácter básico, es decir, que es de obligado cumplimiento para las comunidades y en Andalucía no tenemos capacidad para poder regular cuestiones como la aportación de los usuarios", ha avanzado Montero, quien ha recordado que, en cuestiones como los productos dietéticos --que tienen una aportación sujeta a un 10 por ciento para pensionistas; un 50 por ciento para población activa (40% en rentas inferiores a 22.000 euros), y un 60% para rentas superiores a 100.000 euros anuales--, "obligará a los ciudadanos a aportar estas cantidades".
"Obligaría a los ciudadanos a aportar el 50 por ciento de estas cantidades, que serían para la mayoría de estos pacientes de unos 741 euros mensuales", ha esbozado Montero, quien ha asegurado que "incluso a los pacientes con menor nivel de renta, como los pensionistas o los que tienen bajos ingresos, la aportación media sería de 148 euros mensuales".
"Es un decreto de obligado cumplimiento en toda su dimensión en materia sanitaria y así lo ha determinado el Gobierno de España para que no haya ninguna medida que pueda ser competencia de la comunidad autónoma", ha reprochado la titular del ramo, toda vez que ha insistido en que por parte del Gobierno andaluz "se estudiarán todos los mecanismos correctores que permitan que ningún ciudadano se le deteriore su estado de salid".
