SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), junto al resto de federaciones andaluzas de consumidores y usuarios, han renovado y firmado con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) el protocolo general de colaboración con esta institución, orientado a la protección de los intereses generales, especialmente el de los consumidores y usuarios.
Según indica UCA-UCE en una nota, al acto de firma han asistido el secretario general de Economía de la Junta, Gaspar Llanes; la directora gerente de la Agencia de la Competencia, María Victoria Román; el director general de Planificación Económica y Estadística, Jesús Sánchez; y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño.
Por parte de las federaciones de consumidores han estado presentes Flor Martín, presidenta de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus; Jordi Castilla, en representación de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción- Facua Andalucía; y Juan Moreno, como presidente y representante de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE).
Por parte de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-A) han asistido José Lorenzo e Inés Mazuela. Asimismo, en el acto de firma han estado presentes representantes de organizaciones sindicales como CCOO-A y UGT-A; representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); así como otros representantes de los agentes económicos y sociales y de la economía social.
Este protocolo general contempla tres líneas de actuación a desarrollar, esto es, "promoción de la competencia y defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza". Para tal fin se proyectan una serie de actividades, entre las que destaca la realización de estudios dirigidos a la promoción y defensa de la competencia; la divulgación y los programas de formación e información; la celebración de jornadas específicas dirigidas a consumidores y usuarios; y la labor de informar a la ADCA sobre aquellas conductas y prácticas irregulares que puedan afectar al funcionamiento correcto de los mercados y lesionen los derechos de los consumidores.
Otra línea de actuación del protocolo es la mejora de la regulación e intermediación. Esto se materializa en que las organizaciones firmantes puedan trasladar a la Agencia cualquier incidencia y propuesta normativa que sobre la mejora de la regulación, barreras o trabas en el ejercicio de sus derechos puedan tener las personas consumidoras y usuarias. Asimismo, se busca la participación de las organizaciones de consumidores firmantes en los procesos de mejora de la regulación económica de Andalucía, como interlocutores en la modificación de procedimientos relacionados con el mercado y la competencia que afectan directa e indirectamente los intereses que representan.
La tercera línea de acción del protocolo es la evaluación normativa, de manera que "las federaciones andaluzas de consumidores y usuarias, con la ADCA, emitirán las aportaciones correspondientes a los proyectos normativos, aportaciones que serán consideradas por la Agencia en la elaboración final del análisis del impacto normativo de los textos, contribuyendo a que la regulación que se apruebe, sea la más eficiente para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios".
En su intervención, el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno ha destacado que, el objetivo último tanto de la política de defensa de la competencia como de la de protección del consumidor es "mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad andaluza, pues ambas políticas tienen por objeto lograr que los mercados funcionen de manera eficaz y corregir sus deficiencias, aunque lo aborden desde perspectivas diferentes".
Para UCA-UCE, la importancia de la política de la competencia es que "se centra en el lado de la oferta del mercado y con ella se pretende conseguir que los consumidores puedan elegir entre opciones adecuadas y asequibles, mientras que la política de protección del consumidor se centra en las cuestiones relativas al lado de la demanda y con ella se busca que los consumidores puedan ejercer de manera efectiva su capacidad de elegir, en un escenario donde siempre esté presente la salvaguarda de sus derechos y de sus legítimos intereses".
UCA-UCE considera que "las políticas de defensa de la competencia y de protección del consumidor están llamadas a converger al tener ambas por objeto lograr que los mercados funcionen de manera eficaz y corregir sus deficiencias".
