Piden seis años y medio de cárcel para un empresario acusado en Sevilla de fraude con ayudas de la UE

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla reclama seis años y medio de prisión, para un empresario acusado de presuntos delitos de fraude a los presupuestos de la Unión Europea y de apropiación indebida, derivados de quedarse supuestamente con 748.140 euros de fondos europeos que debería haber abonado a dos Pymes que participaban en el proyecto incentivado por la Unión Europea en el cual su empresa ejercía el papel de coordinadora.

Según figura en el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el acusado el D.A.G., sin antecedentes penales y fundador de la empresa AC Acción Forestal S.L., cuyo objeto social era "la realización de estudios y proyectos relacionados con las actividades agrícola, alimentaria, forestal y medioambiental, y en materia de subvenciones", asumiendo él mismo la administración única de la entidad hasta que la misma "entró en liquidación".

La Fiscalía explica que dentro del Séptimo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea y del sistema de financiación denominado "Investigación en beneficio de las Pymes", se desarrolló entre los meses de octubre de 2012 y septiembre de 2014 el proyecto bautizado como "Nueva herramienta para la gestión forestal sostenible basada en la integración de datos LiDAR o radar óptico"; de cuya coordinación se encargaba AC Acción Forestal, siendo partícipes en el mismo dos pymes que "subcontrataron la adquisición de conocimientos tecnológicos o 'know-how' a la Universidad de Córdoba y a la Forestry Comisión Research Agency".

LOS FONDOS

Al punto, la Fiscalía detalla que el proyecto en cuestión contaba con un presupuesto de 1.119.000 euros, de los que 370.860 euros correspondían a AC Forestal "como coordinadora", entidad que "tenía la obligación de abonar a las dos pymes participantes el importe de la subvención correspondiente a cada una de ellas, que ascendía a 374.663 euros en un caso y 373.477 euros para la otra.

Pero, siempre según la Fiscalía y presuntamente, "a pesar de que las pymes participantes en el proyecto ejecutaron los trabajos contratados, AC Acción Forestal no sólo no les abonó las cantidades correspondientes a cada una, cantidades que hizo suyas, sino que presentó el 25 de febrero de 2016 un informe final de liquidación firmado por el acusado, en el que se indicaban las cantidades a abonar, sin afirmar haber satisfecho en su totalidad las cantidades correspondientes a cada beneficiario, omitiendo informar por otro conducto a la Agencia Europea de Investigación de que existieran cantidades pendientes de pago".

A CONCURSO DE ACREEDORES

En ese marco, la Fiscalía indica que "AC Forestal sufrió un empeoramiento de su situación económica y financiera en 2012, situación que obviaron a la hora de solicitar la financiación y posteriormente en el momento de ir percibiendo los sucesivos pagos, situación que llevó al acusado a solicitar el 25/07/17 la declaración de concurso de acreedores", consumada ya en octubre de ese año.

Dado el caso, la Fiscalía achaca a D.A.G. presuntos delitos de fraude a los presupuestos de la Unión Europea y de apropiación indebida, solicitando para él un total de seis años y medio de prisión, multas que suman 978.000 euros y cinco años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Tal es la pena que solicita para el empresario el Ministerio Público, de cara al juicio promovido en contra del mismo y señalado para el día 15 de este mes en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.