SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por la Homologación en Andalucía, que representa los intereses de la enseñanza concertada y reclama la equiparación salarial con los docentes de la educación pública, ha acordado inicialmente la presentación de acciones legales por la "discriminación" en que, a su juicio, incurre la Consejería andaluza de Educación, Cultura y Deporte por no restituir en 2015 a estos profesionales la totalidad de la paga extra, como sí se ha hecho con la pública.
Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz del colectivo, José Antonio Funes, que ha precisado que, tras consulta con su asesoría jurídica, la plataforma estudia dos posibles vías: la presentación de una denuncia por vía contencioso-administrativa o la interposición de una acción para reclamar las cantidades por la vía social.
En pocos días, tendrán definida la vía por la que interponer una demanda judicial que solo podría rectificarse si un análisis previo confirmara escasas opciones de lograr el objetivo o si la Junta apostara por una solución "justa".
Para la Plataforma por la Homologación, la actual situación --con un acuerdo suscrito entre los sindicatos mayoritarios del sector y la Junta, que contempla el compromiso de que el acuerdo de equiparación volverá a estar completamente en vigor en 2016, la devolución en un periodo máximo de tres años de las cantidades correspondientes a 2015 y la adopción en este año de medidas que posibiliten ya algún abono-- "no es ninguna solución, pues a día de hoy no se sabe lo que se va a dar en 2015".
Funes ha llegado a aludir a la situación de los eventuales estructurales sanitarios que habían visto reducida su jornada laboral y su salario al 75 por ciento, y que recuperarán el 100 por ciento, según reciente anuncio de la Junta.
"Una vez más, la Junta de Andalucía refleja con sus actos la discriminación del sector de la enseñanza concertada, que también forma parte del sistema público, a la hora de asumir sus compromisos", sostienen, indicando que, aunque les parece "bien" la mejora de los eventuales sanitarios reprueban que "digan que no haya dinero para pagar a la concertada, pero sí para convocar unas elecciones anticipadas, no presupuestadas, que van a suponer 12 millones de euros al erario público".
Meses antes de la aprobación de los presupuestos, ha manifestado la plataforma, el sector se movilizó para intentar que se incluyeran en los mismos una partida suficiente para garantizar el cobro de la paga extra en 2015.
Después de una huelga convocada por CCOO, la Consejería, apoyándose en la imposibilidad de incluir nuevos gastos en el presupuesto, "logró reunir unas migajas para el 2015 y se comprometió, hecho también incumplido, a crear una mesa técnica para establecer la cuantía que debía corresponder a cada uno de los tres años".