Actualizado 04/12/2014 21:18

Plataforma por la Homologación critica "atropello" de Junta al retirar conciertos y no restituir pagas extra a docentes

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Homologación de la Enseñanza Concertada en Andalucía (PHA) ha criticado un nuevo "atropello" de la Junta de Andalucía a los centros concertados, sus alumnos y los "miles" de profesores que en ellos desarrollan su labor, al retirar conciertos y no restituir la paga extra a los docentes de la concertada, tal y como sí se ha hecho con los de enseñanza pública.

En una nota, la PHA ha lamentado que en pleno desarrollo del curso la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta andaluza haya apostado por retirar conciertos en distintos colegios de Andalucía, por lo general ubicados en zonas desfavorecidas y que, por ello, "merecerían una especial sensibilidad por parte de la administración".

"Algunos, incluso, han sido reconocidos en reiteradas ocasiones con premios nacionales por su labor educativa", ha remarcado el colectivo, que insta por ello al Ejecutivo autonómico a que "dé marcha atrás" a una medida que "consideramos no puede plantearse con el curso en funcionamiento por el perjuicio que ocasiona a los alumnos, por los reajustes a que obliga a los centros y por los despidos que propicia".

A ello, asimismo, se añade "la forma 'sui generis' que tiene la administración andaluza de aplicar la justicia y de cumplir la ley". Recuerdan que con los inicios de la crisis a los profesores concertados, esgrimiendo un acuerdo de analogía firmado en 2008, se les recortó el salario en la misma proporción que a los funcionarios públicos.

Sin embargo, los presupuestos para 2015 recogen la restitución de la paga extra a los funcionarios y no aplica la recuperación a los docentes concertados, dejando sin efecto el citado acuerdo, por lo que más de 18.000 profesionales se verán afectados por esta medida "que acabará judicializándose si la Consejería no reconsidera su actitud, porque para la PHA aplicar una medida a sabiendas que se está vulnerando un acuerdo legal es prevaricación".

"Estas situaciones generan malestar e incertidumbre en un sector estable, que funciona y que goza de consideración por parte de las familias; lástima que la Consejería siga haciendo de estos centros cabezas de turco para alimentar sus intereses electoralistas sirviéndose de una discriminación vergonzosa e intolerable", ha apostillado la plataforma.

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