Achaca al PSOE el "desmantelamiento" de los servicios de Protección Ambiental y Consumo y dice que el documento "nunca" debió tramitarse
SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha avisado este miércoles de que un expediente sancionador incoado por el Consistorio con relación a Magrudis, cuya producción de carne mechada contaminada con Listeria monocytogenes provocó el brote epidémico, refleja que la declaración responsable formalizada en diciembre de 2018 por la compañía para regularizar la actividad que habría emprendido en 2013 supuso un "evidente, palmario y visible engaño", no detectado por el "desmantelamiento" de los servicios municipales y la "incompetencia" del Gobierno local del PSOE.
Beltrán Pérez ha celebrado este miércoles una nueva rueda de prensa en torno al brote de listeriosis derivado de la carne mechada de la empresa Magrudis contaminada con dicha bacteria, que suma 205 personas afectadas en Andalucía, 46 de ellas aún hospitalizadas, la muerte de tres personas infectadas tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de seis mujeres embarazadas también afectadas, cinco de ellas en Andalucía.
En ese sentido, mientras el Ayuntamiento ha denunciado a Magrudis ante la Fiscalía por un posible delito contra la salud pública y "graves irregularidades" como darse de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias sin licencia municipal de actividad y funcionar sin presentar hasta diciembre de 2018 una declaración responsable, revocada tras surgir el brote a cuenta de los defectos de la misma, Beltrán Pérez ha insistido este miércoles en que el papel del Ayuntamiento respecto a esta empresa está marcado por "estrepitosos fallos" y una "dejación de funciones" que ha atribuido a la "incompetencia" del Gobierno local socialista, al que ha culpado de la "falta de recursos" humanos y materiales de los servicios municipales de Protección Ambiental y Salud y Consumo.
Al respecto, y después de que el pasado 28 de agosto el Ayuntamiento declarase que "no ha surtido efecto" la declaración responsable presentada ante el mismo en diciembre de 2018 por Magrudis para regularizar administrativamente la actividad que habría comenzado en 2013, sin darse de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario y hacerlo sin autorización municipal, Beltrán Pérez ha expuesto que un expediente sancionador incoado el pasado 30 de agosto contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto que dicha declaración responsable "nunca debió ser aceptada".
En el citado documento de inicio de expediente sancionador, recogido por Europa Press, se detallan aspectos como que los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica "no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica", toda vez que al no ser descrita la "capacidad de producción" de la empresa no era inicialmente posible determinar si procedía el trámite de la "auto calificación" de la declaración responsable u "otros instrumentos ambientales diferentes" como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa.
"En cualquier caso, al disponer de una superficie total construida superior a 300 metros cuadrados, (...) resultaría necesario obtener, previamente a la presentación de la declaración responsable, una calificación ambiental expresa", se advierte en el expediente, según el cual también procedía una evaluación de impacto sobre la salud y una valoración sobre tal aspecto que "no se presenta" en el caso de Magrudis.
Del mismo modo, el informe avisa de que en la documentación presentada con relación a la empresa, las "naves señaladas en los planos de situación y emplazamiento" y la parcela catastral serían "erróneas", toda vez que "los certificados finales de contaminación de suelo, alumbrado exterior y hoja de resumen no se encuentran legalmente firmados" porque "contienen firmas simplemente escaneadas, todas exactamente idénticas e implantadas por aplicación", lo que lleva al PP a sospechar de la posibilidad de que tales firmas sean "falsas".
"GRAVE ERROR DE CONCEPTO"
El expediente sancionador continúa alertando de un "grave error de concepto" en la documentación presentada, al definir como "inocua" la actividad desarrollada por Magrudis, mientras tampoco se "describe de forma detallada el proceso productivo" y la documentación carece de los aspectos relativos a "las instalaciones de fontanería, saneamiento, refrigeración, electricidad e iluminación".
Por todos estos aspectos que según el expediente sancionador trascienden los "meros errores técnicos o inexactitudes", pues "han permitido eludir el control previo" y por la naturaleza de la actividad "comprometen la seguridad y salud de los consumidores", Beltrán Pérez ha aseverado que la declaración responsable formulada en diciembre de 2018 con relación a la actividad de Magrudis "nunca debió ser aceptada", pues mediaban "defectos de forma y fondo que deberían haber sido apreciados inmediatamente".
"Esa declaración responsable no debió ser tramitada", ha enfatizado, lamentando que tras presentar su declaración responsable en diciembre de 2018, Magrudis no fuese objeto de inspección hasta casi "20 días después" del brote de listeriosis, lo que le ha llevado a acusar al Gobierno local del PSOE de "poner parches con posterioridad" al surgimiento del episodio epidemiológico.
Así, ha criticado que desde la presentación de aquella declaración responsable que "no debió ser tramitada" al no ajustarse la empresa a los requisitos asociados a este trámite de auto calificación, transcurriesen "nueve meses sin actuación" por parte del Ayuntamiento, extremo que ha achacado a la "incompetencia" del Gobierno local.
"DESMANTELAMIENTO" DE SERVICIOS
Y es que según Beltrán Pérez, las áreas municipales de Protección Ambiental y Salud y Consumo cuentan con "grandes profesionales", pero han sufrido un "desmantelamiento" en materia de recursos humanos y materiales, que a su juicio ha incidido en estos "fallos estrepitosos". Al respecto, ha insistido en el aviso de que la ciudad hispalense sólo cuenta con sólo 13 inspectores de consumo, uno por cada "53.000 habitantes".
Para reforzar su argumentación, ha advertido de que para acometer unas pruebas isotérmicas en dos de los hornos de Magrudis, el Ayuntamiento ha recurrido a la contratación de una empresa en lugar de hacerlo "de oficio" con sus propios recursos. Insistiendo en las "carencias" que arrastra el servicio municipal de Consumo, Pérez ha alertado de que en Sevilla "no se controlan los hornos de cocción de los alimentos" al no contar el Ayuntamiento con "elementos" para ello.
Así, ha concluido que la mencionada declaración responsable supuso un "evidente, palmario y visible engaño" que prosperó gracias a las "grietas" de los mencionados servicios municipales, extremo que ha vuelto a atribuir al "desmantelamiento" de los mismos a manos del Gobierno local del PSOE y a la "incompetencia" del mismo.
