PP-A cifra en 820 millones lo que la Junta ha dejado de ejecutar en programas de innovación desde 2013

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP-A Jaime Raynaud ha subrayado este miércoles que, desde 2013, cuando Susana Díaz llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, se ha producido "una falta de ejecución de los programas presupuestarios en I+D+I que asciende a 820 millones de euros".

Así lo ha señalado en comisión parlamentaria tras preguntarle la consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, sobre el cumplimiento de la ejecución de los programas presupuestarios en este ámbito en los tres últimos ejercicios.

Raynaud ha detallado que en 2013 se dejaron sin ejecutar del programa 54A unos 135 millones (el 34%) de 395 presupuestados; en 2014 la Junta no ejecutó 255 millones (el 71,6%) de los 356 presupuestados, y en 2015 no se ejecutaron 199 millones (el 58%) de los 343 millones.

En este sentido, el diputado 'popular' ha apuntado que "lo mínimo" que debe hacer un gobierno es "cumplir lo que promete en los presupuestos de su comunidad", unos presupuestos que, como ha recordado, se establecen a través de una ley de obligado cumplimiento.

Además, ha querido "desmontar un mantra repetido por el PSOE y otros partidos" basado en "los recortes del Gobierno de la Nación". "Los presupuestos de la Junta se aprueba una vez ha sido aprobada la envolvente presupuestaria, es decir, cuando ya se saben los dineros que van a venir de Europa y del Estado español. Los recortes están antes", ha precisado.

Raynaud tras leer diferentes críticas concretas por parte de investigadores andaluces, ha insistido en que "al menos" se cumplan los presupuestos.

Por último, ha señalado que para movilizar la iniciativa privada hay que "eliminar la burocracia y disminuir los impuestos". Esto último, "no de una manera graciosa, sino que debe estar condicionada por tres motivos: bonificaciones por aumento de inversión, reducciones por recapitalización de la empresa y el gasto en I+D+I.

"SUMA DE FACTORES"

Por su parte, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha señalado que "todas las administraciones públicas han tenido problemas para financiar el I+D+I" porque, "al cerrarse el marco europeo, se ha complicado la gestión y se ha actuado de una manera apresurada para cumplir con los requisitos de certificación".

No obstante, Ramírez de Arellano ha insistido en que "una de las obsesiones del Gobierno andaluz" ha sido sostener los recursos humanos en investigación en Andalucía. Tras esto, ha precisado que la ejecución del presupuesto en investigación en 2013 alcanzó el 56,6 por ciento, en 2014 bajó al 27,5 por ciento y en 2015 remontó al 41,8 por ciento.

Las razones que ha esgrimido el consejero son de "todo tipo, pero sobre todo técnicas" y ha señalado "un problema de revisión de la justificación de proyectos de las universidades" en 2013, ya que se acabó para las universidades la exceptuación de contar con el expediente de justificación (J) para poder participar en la siguiente convocatoria de proyectos.

"Se trata de un cambio formal que ha puesto en crisis el funcionamiento general del sistema", ha subrayado. En concreto, ha explicado que en 2007 se eligió una forma normativa, las subvenciones, para financiar los proyectos de investigación de las universidades, pero en 2013 "esta estrategia se vuelve contra el sistema y se deja de exceptuar a las universidades de la justificación, lo que ha paralizado la manera en que las universidades recibían el dinero".

"Las universidades recibían las subvenciones cada año y estando exceptuadas no necesitaban todos los J para entrar en la siguiente convocatoria", pero este sistema cambió y de ahí "la ralentización".