Avisa de "800 expedientes tramitados por declaración responsable" aún "sin revisar ni controlar"
SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla ha señalado este viernes que funcionarios del servicio municipal de Protección Ambiental han comparecido ante la Guardia Civil en el marco de la investigación del brote de listeriosis provocado el pasado verano por la empresa Magrudis, confirmando según los populares "situaciones de inseguridad y de riesgos para la ciudadanía" que a su juicio derivan de la gestión del Gobierno local del socialista Juan Espadas.
En rueda de prensa, la concejal del Grupo Popular Ana Jáuregui ha señalado la investigación del brote de listeriosis derivado de la carne mechada de la empresa Magrudis contaminada con dicha bacteria, un episodio epidémico que sumó más de 200 afectados, la muerte de tres de ellas tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.
Al respecto, el Juzgado de Istrucción número 10 de Sevilla mantiene en prisión al gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez, por un presunto delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave.
En ese contexto, la edil del PP ha revelado que el pasado miércoles, varios funcionarios del servicio municipal de Protección Ambiental prestaron declaración ante los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), toda vez que el PP ya había avisado que este caso había puesto de relieve "clamorosos fallos y agujeros negros" por parte del Ayuntamiento.
Y es que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin que mediasen autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó la citada declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el 30 de agosto contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto no pocas incidencias.
LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
En el citado expediente sancionador, recogido por Europa Press, se detallan aspectos como que los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica "no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica", toda vez que al no ser descrita la "capacidad de producción" de la empresa no era inicialmente posible determinar si procedía el trámite de la "auto calificación" de la declaración responsable u "otros instrumentos ambientales diferentes" como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa.
"En cualquier caso, al disponer de una superficie total construida superior a 300 metros cuadrados, (...) resultaría necesario obtener, previamente a la presentación de la declaración responsable, una calificación ambiental expresa", se advierte en el expediente, según el cual también procedía una evaluación de impacto sobre la salud y una valoración sobre tal aspecto que "no se presenta" en el caso de Magrudis, toda vez que media además un "grave error de concepto" en la documentación presentada, al definir como "inocua" la actividad o no detallar "el proceso productivo", entre otros aspectos que llevaron a que el 28 de agosto de este año, después de surgir el brote epidémico, el Ayuntamiento determinase que esta declaración responsable no había "surtido efecto".
Al respecto, la concejal del PP ha asegurado que los funcionarios, a la hora de comparecer ante la Guardia Civil, habrían corroborado que Magrudis intentó regularizar su actividad "por un procedimiento que no correspondía y, ante la falta de revisión (de la declaración responsable) al inicio del procedimiento por parte de este Ayuntamiento, no se detectó en su momento los errores de tramitación de dicha actividad".
A POSTERIORIR
Fue tras ser detectado el brote epidémico, según la concejal del PP, "cuando se dictamina por las personas responsables, y con carácter urgente, la revisión de dicho expediente (de la declaración responsable), comprobando los errores que contenía, tanto en la forma como en el fondo, procediendo a dejarlo sin efecto", pues la mencionada declaración responsable fue considerada sin efecto el 28 de agosto, tiempo después de trascender el brote de listeriosis.
A tal efecto, ha insistido en que todo prueba que el Gobierno local del socialista Juan Espadas ha generado "situaciones de inseguridad y de riesgos para la ciudadanía" y, además, aún "no ha corregido su mala gestión". Y es que según el PP, "en áreas del servicio de Protección Ambiental se ha pasado de tener 18 o 19 funcionarios a sólo tres, lo que ha provocado en determinados momentos el cierre del Registro".
Al respecto, ha señalado además "cajas de expedientes sin revisar ni registrar en las dependencias del servicio de Protección Ambiental, hecho que radica principalmente en la falta de personal que sufre y que se ha comunicado en numerosas ocasiones".
En la misma línea, ha avisado de "800 expedientes tramitados por declaración responsable que se encuentran en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo sin revisar ni controlar, ya que hubo problemas en la interpretación entre Urbanismo y Medio Ambiente sobre quién debía realizar esta labor". Estos aspectos, según el PP, serán "objeto de estudio en las investigaciones" del caso.
Además, ha acusado al Gobierno local de no haber respondido aún a preguntas planteadas sobre el asunto por el PP el pasado 5 de septiembre.
