Una pregunta sobre la regulación del taxi, primera de iniciativa ciudadana contestada por la Junta ante el Pleno

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha contestado este jueves ante el Pleno del Parlamento andaluz la primera pregunta de iniciativa ciudadana de la presenta legislatura, que ha sido defendida por la diputada del PSOE-A por Málaga Beatriz Rubiño sobre al apoyo de la Junta al mantenimiento del sistema actual de regulación del taxi en la comunidad autónoma, después de que la Comisión de Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) haya suspendido las ordenanzas de Córdoba y Málaga a este respecto.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno, López ha explicado que esta actividad no es "pura iniciativa privada", de manera que ha defendido que su regulación es necesaria para "la defensa de los derechos del sector y de los ciudadanos, y garantizar este servicio todo el año y en todos territorios, y que sean de calidad y en cantidad suficientes".

Así, ha mostrado su respaldo al mantenimiento del actual sistema de ordenación del sector del taxi en Andalucía con el objetivo de garantizar este servicio público de transporte, un carácter que, a su juicio, "obvia" la CNMC en sus propuestas de liberalización.

Ha señalado que el Gobierno andaluz defenderá "sus propios actos", después de que la CNMC suspendiera las ordenanzas de las dos ciudades andaluzas, que van "en concordancia con el decreto de la Junta", cuando entiende que este decreto es "un punto de encuentro entre el sector, los usuarios, municipios y todos los que tienen voz" en este asunto; y que además va "en consonancia con el conjunto de ciudades europeas".

Para la Junta, el dictamen de la CMNC es un "error" porque, al tratarse de un servicio de transporte público, el sector del taxi debe estar regulado para "no dar lugar a la intromisión de otros intereses".

Con todo, el titular de Fomento y Vivienda ha asegurado que el Gobierno andaluz será "beligerante" en la defensa del sector y que "en el momento procesal oportuno, estaremos haciendo la defensa que nos corresponda".

Por su parte, la diputada socialista ha agradecido a López la "defensa decidida" que realiza la Junta por el sector del taxi frente a esta "desregularización" que intenta llevar a cabo la CNMC, un "despropósito", en palabras de Rubiño.

De esta manera, la socialista ha asumido la pregunta de iniciativa ciudadana registrada el pasado 24 de septiembre por Miguel Ruano Bravo, de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), en la que reivindica que el servicio público de taxi "debe seguir siendo prestado por trabajadores autónomos y entidades de economía social" y por la que insta a la Junta a "oponerse en sede jurisdiccional a los requerimientos de la CNMC frente a las vigentes ordenanzas municipales del servicio de taxi de las ciudades de Córdoba y Málaga".

Esta pregunta de iniciativa ciudadana ha sido la primera en llegar a Pleno esta legislatura pero no es la única, ya que la Mesa del Parlamento ya ha calificado favorablemente otra registrada el pasado 14 de octubre relativa al concurso de traslados de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía que aún no ha sido asumida por ningún diputado.

DOCE PREGUNTAS Y SOLO UNA CONTESTADA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA

De otro lado, en la anterior legislatura, el Parlamento andaluz contabilizó doce preguntas de iniciativa ciudadana registradas por vecinos residentes en la comunidad autónoma y sólo una de ellas recibió contestación por parte del Consejo de Gobierno, según los datos consultados por Europa Press en la propia web de la Cámara autonómica.

Las preguntas de iniciativa ciudadana, reguladas en el artículo 165 del Reglamento de la Cámara, permiten a los andaluces y al resto de ciudadanos residentes en Andalucía, o a las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la comunidad, formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros, siempre que dichas cuestiones sean asumidas por algún diputado.

Estas iniciativas son computables a efectos del cupo correspondiente a cada grupo parlamentario y sólo podrán formularse un máximo de cuatro en cada sesión plenaria. Deben presentarse por escrito en el Registro General del Parlamento y contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los grupos parlamentarios si cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en comisión, deberán ser asumidas por algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa. Si fueran varios los diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primero que manifieste su intención de hacerlo.

La decisión de formularla en Pleno o en comisión corresponderá al diputado a quien le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.