Los socialistas atisban un "nuevo ataque al mundo rural" y avisan de un "mazazo" al servicio público de gestión tributaria
SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y el parlamentario autonómico sevillano y portavoz en la Comisión de Hacienda de la Cámara andaluza, Antonio Ramírez de Arellano, han anunciado este martes una "batería" de iniciativas políticas contra el "mazazo" a los servicios públicos territorializados que a su juicio implica la nueva regulación autonómica para la delegación de funciones tributarias en los registradores de la propiedad, que implicaría el "cierre" de 67 oficinas liquidadoras en toda Andalucía, nueve de ellas en comarcas de Sevilla.
En rueda de prensa, Verónica Pérez y Ramírez de Arellano han señalado la resolución emitida el pasado 19 de diciembre por la Agencia Tributaria de Andalucía y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, respecto a la "delegación de determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones".
En el documento, recogido por Europa Press, el Gobierno andaluz de PP y Cs apuesta por "un nuevo régimen de colaboración con los registradores de la propiedad, que tienen experiencia en la gestión tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el propósito de contribuir a mejorar los resultados de lucha contra el fraude fiscal".
Estipulando así un "régimen de delegación de funciones y competencias en los registradores de la propiedad", dicha resolución indica que "el ámbito territorial experimenta un cambio significativo respecto al modelo de colaboración vigente hasta el 31 de diciembre de 2019", pues entre otros aspectos "la información y asistencia se desarrollará en un ámbito regional y se prestará a cualquier contribuyente que la solicite, previa cita, cualquiera que sea su domicilio fiscal".
Al respecto, los dirigentes socialistas han explicado que todo radica en la finalización del anterior convenio firmado entre la Junta de Andalucía y los registradores de la propiedad para la gestión tributaria en los territorios, avisando de que aunque el Gobierno andaluz de PP y Cs había prometido solucionar tal extremo con "diálogo" y merced a los "intereses" generales, lo cierto es que la aplicación local de la mencionada resolución de la Agencia Tributaria de Andalucía se traduce en el "cierre" en la práctica de 67 oficinas liquidadoras en toda Andalucía.
IMPACTO EN LA POBLACIÓN
En el caso de la provincia de Sevilla, según han detallado, son "cerradas nueve" de las 12 oficinas liquidadoras, con un impacto en una población potencial de aproximadamente 554.000 habitantes, casi el 29 por ciento de la población total de la provincia. En concreto, las oficinas afectadas serían las de Carmona, Cazalla de la Sierra, Osuna y Utrera, cuyas funciones pasarían a ser absorbidas por la oficina de Alcalá de Guadaíra; Estepa, Marchena y Sanlúcar la Mayor, absorbidas por la de Dos Hermanas, y Écija y Lora del Río, cuyas funciones se centralizan en la oficina de Morón de la Frontera.
Como consecuencia de este "mazazo" a tal servicio público, según han precisado los socialistas, los vecinos de Guadalcanal que anteriormente realizaban sus gestiones en la oficina liquidadora de Cazalla, por ejemplo, se ven obligados a conducir "120 kilómetros" para hacerlo en Alcalá de Guadaíra, mientras los contribuyentes de Lora del Río habrán de "conducir una hora" hasta Morón para gestiones que acometían hasta ahora en su propia localidad.
Así, han criticado esta "decisión perversa" que al "eliminar servicios ligados a los territorios" incide además en el fenómeno de la "despoblación" que sufren las zonas rurales, punto en el que el alcalde de Cazalla de la Sierra y presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra Morena, el socialista Sotero Martín, ha lamentado este "nuevo ataque al mundo rural", argumentando que una "buena recaudación" necesita "una hacienda cercana" a los contribuyentes.
Dado el caso, los socialistas han anunciado una "batería" de mociones en los ayuntamientos y una proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía, contra esta medida "perjudicial" para los intereses generales y especialmente para el carácter "territorial" de los servicios públicos.
