PSOE-A pedirá que el Parlamento rechace los despidos en Tragsa

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A defenderá una proposición no de ley en comisión del Parlamento en la que pide que la institución se pronuncie en contra del procedimiento de despido colectivo en la empresa de transformación agraria, S.A. (Tragsa), puesto que sería profundamente
perjudicial para los intereses del país y de la comunidad tanto en términos de empleo como de capacidad para satisfacer buena parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la materialización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la administración.

En la iniciativa, consultada por Europa Press, se plantea el apoyo de la Cámara andaluza a que el Gobierno central exija a la
dirección del grupo Tragsa la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores, que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial.

El grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su capital es exclusivamente público, participado muy mayoritariamente por el Estado, pero con una participación testimonial de muchas de las comunidades, encontrándose Andalucía entre sus accionistas.

Según el PSOE-A, los 37 años de experiencia trabajando para las administraciones públicas ha supuesto que este grupo empresarial haya prestado sus servicios en la práctica totalidad de los subsectores del ámbito agrario y medioambiental. Realiza y gestiona cualquier trabajo encargado por las administraciones públicas, relacionado con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, actuando también en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático, ofreciendo una respuesta inmediata, según el grupo socialista.

En Andalucía, la empresa Tragsa ha ejecutado y ejecuta proyectos e infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales, así como acciones vinculadas a la rehabilitación de edificios de las administraciones, o trabajos para paliar situaciones de emergencia debidamente declaradas.

Según el PSOE-A, los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis económica y la caída brutal en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en la cuenta de resultados. Ello ocasionó que se empezara a negociar, en septiembre de 2013, un procedimiento de despido colectivo (PDC), alegando, entre otras, causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres trimestres, y que la reforma laboral de 2012 justificaría un despido colectivo.

Ello ocasionaría el despido de hasta 1.336 trabajadores en España,
de ellos, 180 en Andalucía entre Tragsa y Tragsatec.