Actualizado 09/11/2012 21:01 CET

PSOE-A señala a Guerrero como responsable "exclusivo" del caso ERE y exculpa a Viera y Fernández

Guerrero comparece en la comisión del caso ERE
EUROPA PRESS/PARLAMENTO ANDALUZ/ARCHIVO

Considera que la Intervención General podría "haber paralizado el procedimiento" si hubiera detectado fraude o menoscabo de fondos públicos

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A atribuye, en las conclusiones que ha elaborado para la comisión de investigación sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), a las Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta la responsabilidad del caso, ya que era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas". Para el PSOE-A, ha habido un uso "indebido" del procedimiento de concesión de ayudas por parte de dicha dirección general, concretamente, por parte de su titular en los años 2011 a 2008, que era Francisco Javier Guerrero, que recientemente ha salido de prisión.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Francisco Álvarez de la Chica, ha manifestado en relación con estas conclusiones, tras ser registradas en la Cámara este viernes, que están totalmente opuestos a situar la responsabilidad política en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, "porque en absoluto se ha situado de forma nítida y clara durante los trabajos de la comisión". Ha querido dejar claro, en cualquier caso, que respetan las conclusiones de todos los grupos políticos y por supuesto de IU, pero "no compartimos en absoluto su visión".

Para el PSOE-A, es la Dirección General de Trabajo el órgano "responsable" para la concesión de las ayudas, "sin que quepa extender más allá de dicho órgano administrativo la responsabilidad", según indica el grupo socialista en el amplio documento de conclusiones, de 69 páginas.

Según el PSOE-A, no puede concluirse, de ningún modo, que todo aquel que tramitara, gestionara o de algún modo participara en cualquiera de los innumerables actos conectados con la aplicación del procedimiento y la ejecución del programa 31L (ayudas sociolaborales), por su solo conocimiento, "sea responsable del mal uso que en determinados casos se hizo del mismo".

"Antes al contrario, todos ellos actuaron bajo la convicción de que por los múltiples filtros (tramitación parlamentaria del Presupuesto, los controles internos y externos, y la intervención de técnicos, juristas y asesores) no existía motivo alguno para pensar que el procedimiento estuviera produciendo, en algunos casos, efectos distintos a los deseados", indica el PSOE-A.

Añade que ha habido "un uso indebido del procedimiento por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, órgano competente para la concesión y tramitación de las ayudas, y concretamente por parte del titular del mencionado órgano, desde el año 2001 a 2008, periodo donde se aprecian especialmente y, según la investigación realizada, en su mayor parte las actuaciones indebidas".

"Un uso indebido que ha derivado en la inclusión en pólizas de seguros de renta a trabajadores que no trabajaron en las empresas de referencia; en presuntos desvíos de fondos a otras personas o para fines distintos a los previstos, y en las presuntas concesiones de ayudas directas a empresas para fines distintos a los previstos", según los socialistas.

En cualquier caso, quiere dejar claro que el procedimiento para la concesión de ayudas era absolutamente legal y siempre estuvo sujeto a control de la intervención que nunca detectó "ni fraude, ni menoscabo de fondos públicos", al tiempo que señala que la Intervención General de la Junta "no manifestó reparos de legalidad, y en ningún caso puso en marcha un procedimiento para paralizar la ejecución que determinara la actuación de los órganos colegiados de la Junta de Andalucía".

"Si la Intervención, en su labor de fiscalización hubiera apreciado que concurría afectación de la legalidad, fraude o riesgo de menoscabo de fondos públicos, con los controles legales existentes podría haber paralizado el procedimiento", entiende el PSOE-A.

En relación con la actuación de la Junta, el PSOE-A señala que la actitud del Gobierno autonómico ha sido siempre "proactiva a favor de un conocimiento exhaustivo de todo aquello que pudiera haber permitido un mal uso de los fondos legales destinados a ayudas sociolaborales y ayudas a empresas". En este sentido, según recuerda, por parte del Ejecutivo se puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de presuntos hechos delictivos que dieron lugar a la investigación judicial que se abrió al efecto, donde la Junta de Andalucía se ha personado como acusación en el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, manteniendo desde el inicio una "actitud de máxima colaboración con la Justicia que ha sido continuada en el tiempo".

Insiste en que el Gobierno andaluz ha mostrado "máxima contundencia en la denuncia y en la investigación de las actuaciones presuntamente irregulares, haciendo todo lo posible para que los responsables de las desviaciones operadas de los fondos públicos, asuman las consecuencias y se reintegre la totalidad de los fondos indebidamente percibidos".

LEY DE TRANSPARENCIA

En el apartado de recomendaciones, el PSOE-A pide que se inste al Gobierno andaluz, con el objeto de mejorar y perfeccionar el alcance del control financiero permanente, a modificar el Decreto de 19 de enero sobre régimen, presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta; a ampliar en los Programas de Control de subvenciones y ayudas todas aquellas disposiciones dinerarias que no son subvenciones, y a desarrollar normativamente las figuras de financiación de los entes públicos para lograr un mayor ajuste entre sus actividades y sus fuentes de financiación.

De igual manera, con el fin de mejorar y perfeccionar el actual sistema de concesión de ayudas, incentivos y subvenciones, pide que el Ejecutivo impulse una reforma de la actual normativa aplicable a estas concesiones donde se mejore el sistema de fiscalización, publicidad y transparencia en estos procedimientos administrativos, y que inicie los trabajos para elaborar una Ley de transparencia, donde se mejoren todos los procedimientos administrativos y se facilite el acceso a los ciudadanos para acercar a estos a la administración.