La Comisión Autonómica de Ética inicia el debate de esta normativa, al objeto de definir, acotar y aclarar los futuros contenidos
SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejera de Salud, María Jesús Montero, confió hoy que en el verano de 2009 la futura 'Ley reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte' pueda iniciar su trámite parlamentario definitivo. Según avanzó, la idea es que dicha normativa, pionera en el conjunto de España y que tiene como uno de sus principales fines reducir al máximo "la variabilidad de interpretaciones" que se producen en este tipo de cuestiones, esté aprobada definitivamente antes de que finalice el próximo año.
En rueda de prensa, la titular del ramo avanzó, al hilo de ello, que su departamento prevé que el borrador de la ley se pueda presentar al Consejo de Gobierno de la Junta en octubre de este mismo año y poder iniciar así el debate parlamentario en el verano de 2009.
Para cumplir con este cronograma, explicó que la veintena de expertos que componen el Comité autonómico de Ética e Investigación han iniciado hoy mismo el debate sobre los posibles casos que pueda contemplar esta norma bajo la ponencia 'Ética y Muerte Digna'. A este respecto, aclaró que las aportaciones que salgan de este comité serán incorporadas al trabajo que ya están llevando a cabo los expertos encargados de la elaboración del borrador de Ley.
Montero, quien recordó que esta ley tiene su razón de ser en un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, quiso dejar claro en este sentido que la comunidad "tiene competencias" para regular todos los aspectos relativos al proceso de atención para una muerte digna, a excepción, "lógicamente", de los dos preceptos que el Código Penal tiene tipificados como delito: la eutanasia activa y el suicidio asistido.
Montero explicó que los ponentes de este comité comenzarán a debatir los aspectos claves que tendrá que incluir este norma, ya que, según dijo, "hablamos de unas prácticas que ya se vienen llevando a cabo en los hospitales".
En concreto, se refirió al acceso a la sedación paliativa terminal, "para evitar el sufrimiento de estos pacientes"; el rechazo al tratamiento en caso de la petición expresa del enfermo, "un derecho que ya asistió a Inmaculada Echeverría"; la suspensión de la atención médica por muerte encefálica, la prohibición del encarnizamiento terapéutico o la regulación de la toma de decisiones de las personas que se encuentran en fase terminal.
ACOTAR LAS INTERPRETACIONES.
Sobre estas prácticas, la responsable del ramo declaró que los hospitales públicos "ya las vienen realizando", por lo que aclaró que con la futura ley lo que se pretende es "acotar y disminuir la variabilidad de interpretaciones" que se están dando en estas cuestiones, "otorgar al paciente mayor peso" en las decisiones finales y dispensar al profesional un marco contextual en el que poder desenvolverse.
"Con esta ley no se producirán debates como el que ocurrió con las sedaciones terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y también se cerrará las interpretaciones abiertas a casos como el de Inmaculada Echeverría en Granada", subrayó Montero, quien también quiso dejar claro que el derecho a la dignidad ante el proceso de la muerte "no implica el derecho a recibir todo tipo de atención y tecnología para mantener la vida biológica".
Agregó que en la ponencia del Comité también se prevé incluir la objeción de conciencia para analizar en qué casos se podrá alegar y en cuáles no, un derecho "que siempre tendrá que ser ejercido por un profesional, ya que nunca una institución o centro, ya sea público o privado, nunca podrá alegar objeción de conciencia".
Con todo, indicó que el derecho del ciudadano a recibir o no un tratamiento "será respetado con independencia de que un médico alegue objeción de conciencia".
DECRETO DE CIRUGÍA ESTÉTICA EN MENORES.
Además de debatir sobre el proceso de dignidad ante la muerte, señaló que también se ha presentado ante el Comité de Ética el proyecto de decreto de protección de las personas menores de edad que se someten a intervenciones de cirugía estética, una normativa pionera a nivel nacional y que podrá ser aprobada por Consejo de Gobierno el próximo otoño.
De otro lado, informó de que el Comité de Ética e Investigación ha renovado a siete de sus miembros. En concreto, los nuevos miembros son Demetrio Mariano, médico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y presidente del Comité de Investigación con Preembriones Humanos; Francisco Alarcos, doctor en Teología, experto en bioética, y director del Centro de Estudios Teológicos-Pastorales de Guadix (Granada); Irene Blázquez, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Córdoba (UC); Salud Borrego, especialista en genética del Virgen del Rocío; José Antonio Cuello, jefe del servicio de Medicina Interna del Virgen del Rocío; Mercedes Moya, experta en derecho internacional de la UGR, y Plácido Navas, doctor en Biología, catedrático en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y miembro del Ciber de enfermedades raras.
