Sevilla.- El Parlamento aprueba la Ley de reconocimiento de la Universidad Privada Fernando III sin votos en contra

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Reconocimiento de la Universidad Fernando III --una iniciativa que promueve la fundación privada del mismo nombre, integrada a su vez por la Fundación San Pablo Andalucía-CEU y la Compañía de Jesús-- fue aprobada hoy ante el Pleno del Parlamento andaluz, con los votos del PSOE, del PP y PA, mientras que IU se abstuvo.

La Fernando III, cuyos representantes siguieron el debate ante el Pleno, es la primera universidad privada que se autoriza en Andalucía y podrá iniciar su actividad académica en un plazo de cuatro años. La Fundación San Pablo Andalucía-CEU gestiona actualmente dos centros académicos en Córdoba y en la localidad sevillana de Bormujos, adscritos a las universidades de Córdoba y Sevilla, respectivamente. El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, resaltó que existe un escenario propicio y momento adecuado para abrir el mundo universitario al ámbito privado. De acuerdo con la ley aprobada, antes de iniciar el proceso de constitución de la nueva universidad, ambos centros deberán completar la formación que imparten a los alumnos ahora matriculados. De igual modo, su adscripción a las universidades públicas continuará hasta la aprobación definitiva de la norma por el Parlamento andaluz y la correspondiente autorización por el Consejo de Gobierno.

Al tratarse de una institución privada, el futuro centro universitario no implicará cargo alguno a los presupuestos de la Junta de Andalucía ni recibirá financiación para las enseñanzas que se impartan. Por su parte, el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ya ha sido informado sobre el proyecto, que tendrá su sede en Sevilla.

La nueva universidad se constituirá a partir de los centros adscritos de Córdoba y Bormujos. En el primero de ellos se imparten actualmente las titulaciones de Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y Licenciado en Investigación y Técnica de Mercado. Por su parte, el centro de Bormujos ofrece las titulaciones de Licenciado en Psicopedagogía y Maestro en las especialidades de Lengua Extranjera y de Educación Infantil, Primaria, Especial, Física y Musical.

Según los datos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la aportación de la Junta al sistema público de universidades, que en el presente ejercicio ha sido de 1.270 millones, ha alcanzado por primer vez el 0,96 por ciento del PIB, duplicando la financiación que las políticas universitarias tuvieron en 2001.

Por su parte, el parlamentario del PP Rafael Salas dijo que el reconocimiento de la universidad privada Fernando III es un importante "hito" en la historia universitaria de Andalucía. Se trata de un "loable ejercicio del derecho de libertad", mientras rechazó los planteamientos "antiguos" que quieren que sólo haya universidades públicas, en un "sentido patrimonial de la educación". El PP planteó enmiendas en relación con el tema de la financiación.

El diputado de IULV-CA Ignacio García, cuyo grupo planteó en su día una enmienda a la totalidad a la ley, habló de las "carencias" en el sistema universitario andaluz y de las "incertidumbres" para su adaptación al sistema universitario europeo. Dijo que este no es el momento más adecuado ni oportuno para reconocer un proyecto de universidad privada, ya que sería añadir "dificultades y restar posibilidades" al sistema público, al tiempo que no garantiza los "principios básicos" de la Ley andaluza de Universidades ni de la estatal.

La portavoz del PA Pilar González dijo que el esfuerzo y la "calidad" que ofrecen las universidades privadas se ve recompensado con un importante número de alumnos, si bien ofrecen la mitad de centros superiores con carreras universitarias que las públicas. Señaló que Andalucía debe contar con una universidad privada que posibilite una enseñanza superior de tanta calidad y recursos como la Universidad de Navarra.

La parlamentaria del PSOE Silvia Chacón dijo que el texto ha recogido aportaciones del Consejo Andaluz de las Universidades, del Consejo Económico y Social y del Instituto Andaluz de la Mujer, entre otros, mientras que la propia tramitación parlamentaria de la Ley ha incluido algunos cambios que lo mejoran.