SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acogerá hoy las declaraciones de varios testigos llamados a comparecer por la causa que la citada instancia judicial instruye contra el portavoz del PA en la Diputación de Sevilla y en el Ayuntamiento de Coria del Río, Tomás Alfaro, para quien el ministerio público solicita diez años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación.
Según informó a Europa Press el propio Tomás Alfaro, si bien son cuatro los testigos llamados de declarar después de que él mismo compareciese ayer ante el juez, el PA ha renunciado a dos de los testigos que había propuesto, por lo que la sesión podría limitarse finalmente a la comparecencia de los dos testigos restantes, ambos trabajadores vinculados al Ayuntamiento de Coria del Río.
El caso deriva de la denuncia que en 2002 formuló contra Alfaro el por entonces portavoz municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Coria del Río, Ricardo del Toro, --actual miembro del Equipo de Gobierno--, quien acusaba al por entonces alcalde andalucista de haber tramitado contratos laborales en fraude de Ley.
La denuncia de Ricardo del Toro ya ocasionó las anteriores declaraciones de Alfaro y de otras personas afectadas por el caso, resultando imputado en 2004 el dirigente andalucista y posteriormente acusado oficialmente en 2005 por la Fiscalía, que le atribuye un presunto delito de prevaricación por el que solicita diez años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.
El martes, Alfaro prestaba declaración en el juzgado de Instrucción número 13 y aportaba un total de 519 contratos tramitados "exactamente igual" por el actual Gobierno municipal, formado por el PSOE y el edil Del Toro --expulsado de la asamblea local de IULV-CA---. Así, Alfaro ha negado que incurriese en un delito de prevaricación mientras su denunciante ratificaba sus acusaciones y declaraban otros cinco testigos; un ex concejal del PA, dos ediles andalucistas y dos trabajadores del Ayuntamiento de Coria del Río.
Si bien la primera denuncia aludía a más de cien contratos presuntamente formalizados de forma irregular, Alfaro aseguró que las diligencias se reducen ya a sólo 28 contratos, de los que tres corresponderían a cargos de confianza.