Sevilla.- Tribunales.- La Fiscalía archiva la denuncia del PP por las obras de La Barzola al no hallar irregularidades

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido archivar la denuncia presentada por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla relativa a las obras realizadas en 2003 en la calle Gonzalo Núñez Sepúlveda, en La Barzola, en el Distrito Macarena. La Fiscalía no ha hallado irregularidades en las mismas y entiende que "no hubo malversación de caudales públicos" ni "ánimo de lucro".

Así lo informó hoy la Fiscalía a través de un comunicado remitido a Europa Press, en el que se recordó que los hechos denunciados se concretaban en el pago, por parte del Ayuntamiento hispalense, de las facturas correspondientes a obras realizadas en la citada calle y que, según la denuncia, no se habían efectuado. En concreto, las facturas denunciadas por el PP local ascienden a un valor de 22.578 euros.

La Fiscalía recordó igualmente que, tras la denuncia, se han realizado varias diligencias, tales como toma de declaraciones e informes técnicos y, en última instancia, el fiscal que llevó el caso practicó una inspección ocultar de las obras, contando con el apoyo de miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, una prueba que el fiscal decidió practicar antes de que se decidiera el archivo del caso o bien elevarlo al Juzgado.

Así, se precisó que de la citada inspección ocular y del croquis aportado por la Unidad de Policía Judicial se desprende "de forma inequívoca" para la Fiscalía que en la calle Gonzalo Núñez Sepúlveda "se efectuaron obras en el año 2003 que coinciden, en situación y extensión, con las que fueron objeto de los expedientes".

En el comunicado, la Fiscalía concretó además que los trabajos fueron realizados por la compañía Construcciones y Reformas, sociedad personal cuyo propietario es D.R.S., a la que se las encargó el Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla "a través de una serie de las llamadas 'Ordenes de Actuación Urgente', órdenes que, una vez ejecutadas, no fueron hechas efectivas por el Distrito por falta de presupuesto".

Con todo ello, la Fiscalía ha entendido que "no hubo malversación de caudales públicos, ya que los pagos que se efectuaron correspondían a obras realizadas, y no existe ánimo de lucro". A su parecer, también ha quedado acreditado que "han existido ciertas irregularidades en la tramitación de los mencionados expedientes".

ERRORES EN LOS EXPEDIENTES

Entre ellas, se citó que "cuando se iniciaron los expedientes, las obras ya estaban ejecutadas, por tanto, los expedientes se incoaron para posibilitar el pago de las obras". Además, el hecho de que los expedientes mencionados "están llenos de errores en la numeración de los bloques ante los que se efectuaron las obras, incluso el nombre de la calle está equivocado".

En cualquier caso, para la Fiscalía, "lo cierto es que la obra está ejecutada en la extensión y con las características que se señalan en las mismas facturas que se pagaron", señalando que las irregularidades detectadas "no alcanzan relevancia penal, ni como delito de falsedad ni de prevaricación, ni de tráfico de influencias, por su inocuidad".

El archivo de las diligencias por la causa se produjo el pasado día 19, si bien la Fiscalía destacó que ello no evita que ahora se pueda reproducir la denuncia ante los Juzgados de la ciudad por parte del denunciante.

PROCESO DE INSTRUCCION

La decisión del fiscal de comprobar in situ la veracidad de lo declarado se tomó a raíz de la declaración ante éste del técnico I.A.V., que certificó el fin de los trabajos, quien aseguró que las obras que él supervisó estaban realizadas, sosteniendo, no obstante, que había errores en los epígrafes de las mismas.

Antes, el pasado 6 de abril, prestaron declaración el que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y el empresario al que se le adjudicaron las obras, M.R.S..

José Antonio García defendió ante el fiscal su inocencia y subrayó que, en su labor, siempre confió en los técnicos municipales. Su abogado informó entonces de que la denuncia era "insostenible y con esta declaración ha quedado acreditada su absoluta inocencia y el hecho de que es ajeno por completo a los hechos denunciados".

Además, subrayó que su defendido, el ex edil hispalense, "estuvo escoltado por la jefa de negociado, que tramitaba los expedientes de un modo impecable, conforme a la Ley, y por un arquitecto técnico que comprobaba que efectivamente esas obras se ejecutaban. El --entonces-- concejal se limitaba a confiar sencillamente en estos profesionales y a dar su visto bueno, en vista de lo cual entendemos que no debe prosperar la continuación de esta denuncia".

Así las cosas, precisó que entendía que las obras en cuestión "están hechas. No hay delito". El ex concejal socialista está imputado por otro caso de supuestas facturas falsas en el Distrito Macarena de la ciudad, caso que lleva el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Por su parte, el empresario M.R.S., también administrador único de la otra compañía que presentó proyecto de ejecución de las obras objeto de la denuncia --el arreglo de una calle en la citada barriada hispalense--, explicó que los trabajos se realizaron a finales de 2003 y los cobró en 2005. Su abogado, por su parte, resumió que "se puede comprobar la veracidad de su actuación con el simple hecho de sumar los metros presupuestados, los realmente ejecutados y los metros cobrados, y se verá que la suma coincide. Todas las facturas se ajustan a la realidad y a lo cobrado".

La investigación por las dos facturas de La Barzola se inició a raíz de la denuncia presentada al respecto por el grupo municipal del PP. Así, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Jaime Raynaud, entregó el pasado 15 de marzo en Fiscalía la documentación concerniente a los expedientes de obras supuestamente facturadas, por valor de 22.578 euros, y no ejecutadas en la calle Gonzalo Núñez de Sepúlveda, de la barriada sevillana de La Barzola.

Los servicios jurídicos del partido, al respecto, apreciaron la posible existencia de cuatro delitos distintos, pues vieron indicios de falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.