Sevilla.- Tribunales.- La portavoz del PSOE de Aznalcázar "aclara" ante el fiscal los documentos de la Huerta Escamilla

AZNALCAZAR (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), Dolores Escalona, compareció hoy ante la Fiscalía para esclarecer los términos de la nueva documentación aportada por los socialistas a la denuncia formulada contra la concejal andalucista Ana Isabel Sánchez Romero, miembro del Gobierno municipal de PP, PA e independientes, acerca de un supuesto caso de tráfico de influencias.

Dolores Escalona informó a Europa Press de que en la mañana de hoy prestó declaración ante la Fiscalía de Sevilla al objeto de "aclarar" la relación del contenido de estos documentos con el caso de la recalificación de los terrenos de la Huerta Escamilla, que fue adquirida por unos familiares de Ana Isabel Sánchez Romero, siendo posteriormente recalificados los suelos y vendidos a la sociedad Benalija S.L. para la promoción de viviendas de renta libre.

Estos nuevos documentos consisten en un convenio por el que la finca, en propiedad de Benalija S.L., iba a ser vendida a un tercer comprador, operación que no llegó a consumarse debido a desavenencias en cuanto al valor de los suelos, según la portavoz socialista. Además, los documentos incluyen un burofax remitido desde los servicios jurídicos del tercer comprador a Benalija S.L., implicando supuestamente en la trama al concejal de Urbanismo, José Antonio Vaquero Zurita (PP).

EL CASO

El PSOE de Aznalcázar había presentado un escrito ante la Fiscalía de Sevilla para denunciar un supuesto caso de "tráfico de influencias" cometido por Anabel Sánchez Romero, cuyos familiares adquirieron en 2003 un terreno no residencial que fue recalificado en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que se aprobó en octubre de 2004.

Se trata de una finca de cinco hectáreas conocida como Huerta Escamilla, contemplada en las normas subsidiarias como "terreno de feria y servicios" y de expropiación, que fue adquirida por 480.000 euros por cuatro familiares de la edil andalucista en octubre de 2003, "cuatro meses después de su nombramiento como concejal".

En el Pleno celebrado en marzo de 2005 se aprobó un convenio urbanístico con Benalija S.L., empresa de reciente creación, que adquirió este terreno "urbanizable ordenado" para la construcción de 172 viviendas libres una vez que el PGOU ya había recalificado los suelos.