SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio señalado para hoy por el Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla por el accidente laboral que se produjo en la tarde del 9 de febrero de 2001 en el polígono industrial 'Alcalá 10' de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra al derrumbarse una nave donde se estaba construyendo un centro multifuncional de empresas, cobrándose la vida de tres personas, ha sido suspendido hasta el jueves próximo a la espera de que se abonen indemnizaciones, de entre 131.000 y 396.000 euros, para familiares de las víctimas y toda vez que los acusados aceptaron la pena que se solicitará para ellos, de siete meses y 15 días de prisión y 13 meses y medio de inhabilitación.
Así lo informaron a Europa Press fuentes del caso, que precisaron que se retiró la acusación formulada por los hechos contra el arquitecto de Alcalá, A.F.O., y para el aparejador municipal, A.G.L., acusación que nunca llegó a formular el ministerio fiscal. Así las cosas, finalmente los únicos acusados son R.A.R., director de la obra; M.M.O., jefe de la misma; y los arquitectos proyectistas L.R.C. y J.M.V.O.
Según consta en el escrito de acusaciones previas del ministerio fiscal, el Ayuntamiento del municipio adjudicó en diciembre de 1999 a una empresa la construcción de un centro multifuncional de servicios en el kilómetro 6 de la autovía Sevilla-Málaga; la compañía nombró como director de obra al acusado R.A.R. y al también acusado M.M.O. como jefe de la misma. A su vez, la empresa subcontrató con otra la construcción y montaje de dos plantas mediante elementos prefabricados, existiendo un vínculo directo entre la adjudicataria y los arquitectos proyectistas de la obra, los acusados L.R.C. y J.M.V.O., colaborador habitual de la citada empresa.
En febrero de 2001 se descubrió que entre los pilares de la estructura existía un desnivel que impedía la correcta colocación de las placas prefabricadas; como solución, se procedió al recrecimiento de los pilares "sin el más mínimo control técnico" mediante la colocación de suplementos de hierro; estos, siempre según el escrito, se colocaron erróneamente "sin que por parte de los arquitectos ni de los encargados de la seguridad en la obra se procediera a su supervisión. Además, se realizó un rebaje en una de las jácenas que debían formar la estructura, reduciendo al mínimo el apoyo de las placas que debían colocarse sobre ellas", lo que también, dice, se hizo sin control ni supervisión por parte de los acusados.
Así, el 9 de febrero de 2001, a las 17.00 horas, cuando se procedía a colocar la placa correspondiente a la segunda planta, la jácena bajada, por el peso, giró y se desplomó, arrastrando toda la construcción que se encontraba debajo de ella. Como consecuencia de ello murieron tres hombres y un cuarto sufrió traumatismos, fracturas y otras lesiones, reconociéndosele incapacidad permanente absoluta. Los cuatro trabajadores estaban debajo de las placas que se iban colocando, "en una clara situación de grave peligro, sin que los encargados de seguridad ni los arquitectos ordenaran evitarlo". En su escrito, el fiscal señalaba que no consta acreditado que los entonces imputados arquitecto y aparejador municipales tuvieran conocimiento ni responsabilidad en el accidente producido.
Para el ministerio público, los hechos son constitutivos de tres delitos de homicidio por imprudencia y uno de lesiones por imprudencia, todos ellos en concurso, por lo que, según se adelantó hoy, pide siete meses y 15 días de prisión y 13 meses y medio de inhabilitación al reconocerse la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que se pagarán indemnizaciones de entre 131.000 y 396.000 euros, cantidades superiores a las solicitadas inicialmente. Así las cosas, las partes están citadas para el próximo jueves ante el Tribunal para ratificar el acuerdo alcanzado hoy, día para el que las aseguradoras, según el compromiso adquirido, habrán depositado ya el dinero, según se dijo hoy.
