Tribunales.- Urbanismo asegura que su gestión y sus convenios están fiscalizados por la Cámara de Cuentas

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, aseguró hoy que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscaliza la contabilidad y "todos" los convenios formalizados por este organismo municipal, cuyo servidor ha ordenado examinar el juzgado encargado de investigar tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales que salpica a la sociedad pública Mercasevilla, como el supuesto delito prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas en una operación urbanística.

En un comunicado, Miguel Ángel Millán informó de que la Cámara de Cuentas tiene ya en su poder "todos los estados contables relativos a la liquidación y avance del presupuesto de 2007" de cara a su fiscalización, mientras actualmente "se está tramitando la remisión de la cuenta general completa, tras la subsanación de errores de forma, tanto del ejercicio 2007, como de 2008.

Además, la Gerencia de Urbanismo remite a la Cámara de Cuentas "periódicamente" y para su fiscalización, "todos los convenios urbanísticos aprobados con la finalidad de concluir sobre el cumplimiento de la normativa aplicable". Al respecto, y en cuanto a adjudicación a favor de la constructora Sando de los suelos del terrenos de Mercasevilla a pesar de que el grupo Noga ostentaba una oferta superior, recordó que el PP "prácticamente" no ha votado en contra de "ninguno de de los 60 convenios urbanísticos previos a la aprobación del" vigente planeamiento urbano, no sólo en el pleno, suno en la Comisión de Planificación.

Millán advirtió, además, de que tales convenios "han sido publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sometidos a información pública y están incluidos en un Registro de Convenios, al alcance de cualquier ciudadano", toda vez que dos técnicos de la Gerencia de Urbanismo han sido imputados por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, por su papel en la redacción del pliego que rigió el concurso mediante el que Mercasevilla enajenó unos suelos a favor de la constructora Sando y a pesar de que el grupo Noga ostentaba una oferta superior.

ADVIERTE DEL RESPALDO DEL PP

Igualmente, "el 90 por ciento de las decisiones" que se adoptan en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo "cuentan con el voto favorable del Partido Popular, por lo que su participación en la gestión urbanística es constatable", dijo Millán, quien aseguró que "no hay convenio urbanístico entre la Gerencia de Urbanismo y Mercasevilla vinculado al nuevo PGOU sobre los suelos actualmente ocupados por el Mercado central".

Tan sólo, según admitió, "existe un acuerdo de colaboración sobre el traslado de sus instalaciones a los suelos de nueva implantación Nodo Logístico Norte Majarabique". Por tanto, la Gerencia de Urbanismo "no tiene suscrito ningún convenio relativo a la venta de los suelos".

De otro lado, Millán se solidarizó con los dos trabajadores de la Gerencia de Urbanismo imputados en las citadas diligencias y "cuya profesionalidad se está poniendo en duda". "Los técnicos y funcionarios que desempeñan diariamente su labor al servicio de los sevillanos y sevillanas son inocentes hasta que se no se demuestre lo contrario y se emita una sentencia judicial firme", señaló.

Él mismo, según dijo, informó el jueves al comité de empresa de la actuación ordenada por la juez en cuanto al servidor informático de la Gerencia de Urbanismo y "aunque la actuación contó en todo momento con la presencia del jefe de servicio de informática, a su vez vicepresidente del comité de empresa, "voy a redoblar los esfuerzos para facilitar toda la información, así como realizar las muestras de apoyo necesarias a los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo".

Por eso, recordó al PP que no tiene "derecho a "poner en duda la profesionalidad de los trabajadores" y esgrimió un informe del propio jefe del servicio de Informática que señala que el cambio de la unidad central del ordenador de la técnico María Victoria Bustamante, una de las trabajadoras imputadas, obedecía a un acuerdo previo para "renovar los equipos" de la plantilla. La medida, según este documento recogido por Europa Press, está recogida en un acuerdo del 3 de abril de 2008 entre el comité de empresa y la dirección para renovar 220 equipos informáticos.