Un 47% de las empresas españolas percibe la regulación como un "obstáculo importante" para la inversión a largo plazo

Este dato se eleva hasta el 63% en el caso de las pymes, que se ven obligadas a destinar recursos al cumplimiento normativo

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un 47,8% de las empresas españolas consideran la regulación un "obstáculo importante" para la inversión a largo plazo, frente al 26% de las europeas, según datos de la encuesta anual del Banco Europeo de Inversiones en 2023, lo que obstaculiza la productividad y la libre competencia.

Así lo recoge un estudio monográfico sobre 'El impacto de la sobrerregulación en el aumento de los costes de las empresas' realizado por el director del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, y la técnico economista de la misma entidad, María Higuera, publicado en el número 85 de la Revista Economía Aragonesa, editada por Ibercaja.

Los dos expertos en economía coinciden en afirmar que un marco regulatorio e institucional que promueva una normativa "estable y predecible" y garantice la seguridad jurídica, es algo clave para el crecimiento empresarial. Han insistido: "Las normas formales tan solo deberían ser instrumentos para facilitar y guiar la consecución de sus fines".

Así, mientras que el 47,8% de las empresas españolas percibía la regulación como un "obstáculo importante" para la inversión a largo plazo, el 25,6% la veía como un "obstáculo moderado". Si se tiene en cuenta la percepción de las pequeñas y medianas empresas, el dato asciende al 63% en España.

UNO DE LOS DIEZ CON PEOR CALIDAD REGULATORIA

De acuerdo al ranking de calidad regulatoria elaborado por el Banco Mundial con datos de 2023, España se encuentra entre los diez países de la UE en este sentido. Esto es que "nuestras empresas deben asumir cargas superiores que las de la mayoría de los países europeos", han apuntado los expertos.

España ha caído tres puestos en este ranking desde 2019, han recalcado en el estudio, algo que podría apoyarse en la "gran proliferación" normativa que ha experimentado el país en las últimas décadas. Esta realidad no es ajena a la Unión Europea, donde --según el Informe Draghi--, en el periodo 2019-2024 se aprobaron unas 13.000 leyes.

Izquierdo e Higuera han resuelto que las empresas europeas encaran tres obstáculos principales debido a la "vorágine" legislativa: "Acumulación y frecuentes cambios en la normativa que genera, en ocasiones, solapamientos e incoherencias; procesos de transposición que introducen requisitos adicionales de un país a otro; y desigual carga regulatoria para empresas de menor tamaño y grandes compañías".

"En España, se ha de considerar que este proceso de inflación normativa ha venido impulsado, principalmente, por la potestad legislativa de las comunidades autónomas, cuya legislación supone el 70% del volumen total de normas", han expuesto, para añadir que este contexto es "caldo de cultivo" para "fragmentación regulatoria y quebranto de la unidad de mercado".

En 2023, el total de normas estatales y autonómicas aprobadas ascendieron a 945, lo que equivale casi a tres novedades normativas por día natural, según los autores del análisis. Como curiosidad, han señalado que este volumen de legislación corresponde a 1.275.465 páginas, por lo tanto, "para que una persona pudiera estar completamente actualizada hubiera tenido que leer cerca de 3.494 páginas al día".

SOLUCIÓN A LA SOBRERREGULACIÓN

Por todo ello, han asegurado que la sobrerregulación es uno de los principales elementos que perjudica la libertad de empresa, obstaculiza la productividad y daña la libre competencia, según los expertos economistas, quienes apuestan por normas "claras, sencillas y previsibles" que generen confianza.

En el caso de España y Europa, se debate desde hace tiempo sobre la importancia de aplicar una 'smart regulation'. De hecho, la Comisión Europea en su plan 'Brújula para la Competitividad', para que Europa pueda recuperar su crecimiento económico y su prosperidad, propone alcanzar un 25% de reducción de cargas administrativas que, en el caso de las pymes, será, como mínimo, de un 35%.

Estas medidas podrían generar, según estimaciones, un ahorro en costes administrativos de 6.300 millones para el conjunto de la UE y movilizar unos 50.000 millones de euros de inversión pública y privada adicional.

Los autores del estudio publicado en la Revista Economía Aragonesa han llamado la atención sobre el efecto de la hiperactividad normativa: "Puede incluso desincentivar la contratación y la inversión, suponiendo un obstáculo para la innovación". Es más, han alertado de que unos costes de cumplimiento alto podría llevar a algunas empresas a operar fuera del marco legal, una de cuyas consecuencias sería el posible aumento de la economía sumergida.

"Simplificar la normativa no implica reducir garantías. Más bien al contrario, la sobrerregulación solo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza, mientras que una regulación más sencilla es también más transparente, y su cumplimiento resulta más asequible", han concluido.