CEOE Aragón y CEPYME Aragón reivindican 40 años de diálogo social "como garantía de estabilidad, inversión y progreso"

ZARAGOZA 2 May. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón y CEPYME Aragón quieren reafirmar el valor del diálogo social como uno de los grandes activos democráticos y económicos de nuestra Comunidad Autónoma.

"El diálogo social no es un privilegio, ni una concesión coyuntural del poder político. Es un instrumento de interés general, reconocido por el ordenamiento jurídico, que mejora las decisiones públicas, anticipa conflictos, refuerza la estabilidad económica, favorece la paz social y contribuye a un Aragón más competitivo y atractivo para la inversión", han defendido.

Ambas organizaciones defienden su papel ante la medida contenida en el acuerdo de gobierno de PP y Vox por la que se plantea una reducción del 50% de las subvenciones destinadas a la participación institucional de los agentes sociales, las patronales y los sindicatos.

CEOE Aragón y CEPYME Aragón sostienen que Aragón cuenta con una trayectoria singular en España en materia de diálogo social. Así, recuerdan que desde el primer Acuerdo Socioeconómico de Aragón de 1989, la Comunidad ha mantenido "una cultura ininterrumpida de concertación entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos". Esta tradición forma parte de una manera aragonesa de entender la política económica y social: negociación, responsabilidad, respeto institucional y acuerdos útiles.

Durante décadas, ese modelo ha acompañado avances en estabilidad laboral, formación, prevención de riesgos laborales, negociación colectiva, defensa del tejido productivo, digitalización, lucha contra la despoblación y atracción de inversiones.

Y apuntan que la Constitución Española no limita la participación pública a los partidos políticos. El artículo 6 reconoce a los partidos como cauce del pluralismo político, mientras que el artículo 7 atribuye a sindicatos y asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

La democracia incorpora también la participación de quienes representan legítimamente al tejido productivo y laboral. Esa arquitectura tiene reflejo en el Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la negociación colectiva como resultado del acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios, con rango de ley.

Las organizaciones empresariales aragonesas ejercen, por tanto, una doble función: representar a las empresas ante las administraciones públicas y participar en la negociación colectiva como pieza esencial del sistema laboral.

También Aragón, recuerdan ambas organizaciones, ha dotado a este modelo de un marco propio. La Ley 1/2018, de diálogo social y participación institucional en Aragón, protege el diálogo social como factor indispensable para la cohesión social, el progreso económico y la competitividad. La norma reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como expresión del interés general socioeconómico de la Comunidad Autónoma.