ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La comisión encargada de supervisar la creación de Ecoprovincia ha estimado este viernes 25 de las 34 alegaciones recibidas durante el periodo de información pública de este nuevo servicio impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para llevar los residuos de toda la provincia al vertedero de la capital.
El órgano de seguimiento ha aceptado todas las alegaciones que se oponían a la construcción de una planta de transferencia en Paracuellos del Jiloca y ha ratificado lo que ya anunció el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, en el V Foro de Alcaldes: que la DPZ asumirá los costes de funcionamiento del servicio.
Además de estimarse íntegramente 25 de las 34 alegaciones, la comisión ha aceptado parcialmente tres más. Las otras seis se han rechazado con el apoyo de todos los grupos menos el PP y Ciudadanos, que se han abstenido. Ahora, será el pleno el encargado de pronunciarse sobre las alegaciones, aunque el resultado de la comisión de este viernes permite adelantar que se aprobarán definitivamente.
"Lo primero que hay que destacar es que no hemos recibido ni una sola alegación contra la filosofía y el diseño de Ecoprovincia: hay un consenso absoluto sobre la necesidad de poner en marcha este servicio público cuanto antes para que los ayuntamientos zaragozanos puedan cumplir la directiva europea que les obliga a reciclar al menos la mitad de sus residuos para el año 2020", ha subrayado Sánchez Quero, quien ha aclarado que "casi todas las alegaciones" se han centrado en cuestiones "de detalle" relacionadas con las seis plantas de transferencia que la Diputación de Zaragoza va a construir en distintos puntos de la provincia.
"En el caso de la planta de Paracuellos de Jiloca, se ha optado por estimar las alegaciones de los empresarios del polígono La Charluca y del Ayuntamiento de Calatayud porque, aunque se trata de una instalación totalmente inocua que no generará ninguna molestia, hemos preferido buscar una ubicación alternativa que evite cualquier conflicto sin conllevar costes añadidos", ha explicado el presidente.
LA DPZ ASUMIRÁ LOS COSTES
Sánchez Quero también ha destacado que, en línea con lo anunciado en el V Foro de Alcaldes, se ha estimado la alegación planteada por el Ayuntamiento de Gotor para que la DPZ asuma los costes de funcionamiento de Ecoprovincia.
"Además de construir las plantas de transferencia, la Diputación pagará el transporte de los residuos hasta Zaragoza y los costes de mantenimiento, de forma que los ayuntamientos solo tendrán que abonar la diferencia entre lo que ya pagan ahora por llevar sus basuras a un vertedero y lo que tendrán que pagar por tratarlas en el CTRUZ", ha detallado.
"Ecoprovincia ya es una realidad imparable y todos los servicios de la Diputación de Zaragoza implicados en su puesta en marcha ya están trabajando para que el 1 de enero de 2020 sea una realidad", ha insistido el presidente, quien ha recordado que "es un proyecto de la institución, no del equipo de gobierno" y que "hace ya años que se tenía que haber afrontado este problema".
"Europa acaba de decir que España es uno de los 14 países que tienen más difícil cumplir el objetivo de reciclar al menos la mitad de sus residuos para el año que viene. No sé qué pasará en otras provincias, pero en la de Zaragoza estamos trabajando para ser pioneros en este campo", ha señalado.
NUEVO SERVICIO
Ecoprovincia es un servicio público de transferencia, transporte y tratamiento de residuos creado por la Diputación de Zaragoza para hacer posible que todos los municipios de la provincia lleven sus basuras a la capital.
Una directiva comunitaria establece que para el año 2020 los municipios deben reutilizar o reciclar al menos el 50 por ciento en peso de sus residuos sólidos domésticos y comerciales.
En Aragón, el único vertedero que permite alcanzar ese objetivo obligatorio es el CTRUZ de Zaragoza. Como construir este tipo de instalaciones es mucho más caro en proporción que utilizar la que ya existe, la DPZ ha puesto en marcha el proyecto Ecoprovincia para solucionar este problema al que se enfrentan los ayuntamientos zaragozanos.
En cuanto a su funcionamiento, la recogida se seguirá haciendo como hasta ahora según el modelo de gestión implantado en cada zona de la provincia; los residuos se llevarán a una planta de transferencia que será construida y gestionada por la Diputación de Zaragoza. Allí se compactarán para que ocupen el menor volumen posible.
En total se van a construir seis plantas de transferencia en Calatayud, La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros, Borja, Alagón y Quinto, ha detallado la institución provincial en una nota de prensa.
Una vez compactados, los residuos serán trasladados desde las plantas de transferencia hasta el CTRUZ de Zaragoza. De ese transporte también se encargará la Diputación de Zaragoza; mientras que el tratamiento y el reciclado a los que obliga la legislación se llevarán a cabo en el CTRUZ de Zaragoza.
INVERSIÓN
La construcción de las seis plantas de transferencia se ha presupuestado en 4,4 millones de euros y será asumida por la Diputación de Zaragoza. Los costes de transporte y mantenimiento del servicio se han estimado en 1,6 millones de euros anuales y también serán abonados por la DPZ.
La tasa que tendrán que pagar los municipios por usar el CTRUZ la establece cada año el Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, a ese coste habrá que restarle lo que dejará de pagar cada municipio por llevar sus basuras a los vertederos de Calatayud y Ejea (los otros dos que funcionan actualmente en la provincia).
Para poner este servicio en marcha, el 22 de diciembre de 2017, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, firmó una providencia ordenando el inicio del proceso administrativo. El 15 de junio de 2018, Sánchez Quero y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, firmaron el convenio que permite que los municipios de la provincia lleven sus residuos al CTRUZ de la capital.
El 6 de julio, el pleno de la DPZ aprobó el inicio del expediente de creación del servicio público de transferencia, transporte y tratamiento de residuos de la provincia de Zaragoza y la creación de la comisión especial de estudio encargada de elaborar la memoria justificativa del servicio.
El 31 de julio, el pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó el reglamento y la memoria del servicio, que salieron a exposición pública. Durante el periodo de información pública se recibieron 34 alegaciones que este viernes se han resuelto en la comisión de seguimiento y que se llevarán al pleno para su aprobación definitiva.
