El Comité de Pipelife reclama al Ejecutivo autónomo que rechace el ERE porque la empresa tiene viabilidad

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Pipelife Hispania, dedicada a la fabricación de tuberías plásticas, y ubicada en el Polígono Malpica de la capital aragonesa, ha reclamado este viernes al Gobierno de Aragón que no autorice el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección para el cierre de la planta, que conlleva el despido de 104 empleados, porque cuentan con viabilidad económica y lo consideran "inmoral".

En una rueda de prensa en Zaragoza, el responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria y Afines (FIA) de UGT Aragón, Pedro Centeno, ha indicado que Pipelife Internacional --compuesto por el Grupo Solvay y Winenberger-- ha obtenido un beneficio de 43 millones de euros entre enero y octubre de 2010.

"La decisión de cierre es estratégica de la empresa, no viene motivada por la crisis y, con un pequeño esfuerzo, podría quedar en una buena postura dentro de un tiempo. Además, se han negado a negociar al poner a un abogado laboralista como frontón", ha aseverado.

Ha informado de que la media salarial del 90 por ciento de los trabajadores es de 1.300 euros mensuales, mientras que la media del 10 por ciento restante es de 4.500 euros, donde se incluyen varios sueldos que superan los 6.000 euros mensuales "y que no se han visto afectados por el ERE". Así mismo, la media de edad de los trabajadores supera los 45 años, lo que dificulta su recolocación en otra empresa.

Pedro Centeno ha asegurado que el Grupo Solvay "se niega a recibir ni a atender ni a los sindicatos ni a los trabajadores alegando que no tiene capacidad de decisión en este tema", pero, "paradójicamente, los gerentes de Pipelife Hispania siempre han sido del Grupo Solvay, incluye al actual, Xavier Catalán, que volverá al grupo manteniendo su salario millonario".

A juicio de Centeno, si el Gobierno de Aragón permite este cierre, "el tejido laboral aragonés puede ser una sangría de pérdida de puestos de trabajo que nos lleve a niveles de desempleo y pobreza sin precedentes en Aragón". "No podemos permitir que, en un momento como el actual, cierre quien quiera, sino quien no pueda seguir, y más cuando se les han dado opciones para evitar el cierre", ha aseverado.

"QUE PAGUE"

Así, el responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria y Afines (FIA) de UGT Aragón ha opinado que si la empresa quiere cerrar por motivos estratégicos "que pague" dado que, en la actualidad, Pipelife les ofrece "una indemnización total de tres millones de euros para los 104 empleados, una cifra inferior a la del salario bruto de un año", que se materializa en el pago de 23 días por año trabajado, hasta un máximo de 18 mensualidades.

"Ya empezamos a notar los efectos de la reforma laboral, porque cuatro días antes de aprobarse estaban valorando la puesta en marcha de un ERE de suspensión y, después de su aprobación, lo retiraron y pusieron en marcha el de extinción", ha asegurado.

Por otro lado, Centeno ha criticado que la empresa les está impidiendo acceder al centro de trabajo, pesa a haber aplazado la huelga convocada a partir del 26 de octubre. El 3 de noviembre la empresa declaró el cierre patronal al entender que "existían hechos graves que denotan violencia sobre las personas".

"La empresa nos aseguró que si aplazábamos la huelga retirarían el cierre patronal, pero hoy los empleados han ido a trabajar y no se les ha dejado pasar, por lo que hemos denunciado ante la Guardia Civil la vulneración del derecho al trabajo y entendemos que deben abonarles el día", ha expuesto.

La empresa presentó el expediente de extinción de los 104 contratos el pasado 6 de octubre, por lo que este sábado vencerá el periodo de consultas de un mes para negociar el ERE entre la Dirección y los trabajadores, sin que hayan llegado a un acuerdo. A partir del lunes será la autoridad laboral la que tenga un plazo de siete días para emitir su dictamen.