El Justicia defiende la formación de voluntarios "que pueden contribuir a apagar un incendio en un primer momento"
ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El 'Informe Especial sobre los incendios forestales en Aragón' elaborado por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, refleja la necesidad de incrementar el presupuesto que se destina en la Comunidad para la prevención de incendios porque "así disminuirá la cantidad destinada a la extinción".
Según informó García Vicente en una rueda de prensa celebrada en la Sede del Justiciazgo, en Zaragoza, en 2008 Aragón invirtió en prevención y extinción 9,67 euros por cada hectárea forestal, mientras que la media española se sitúa en 32,64 euros. Además, el capítulo de extinción acapara entre el 75 y el 80 por ciento del presupuesto total.
Aunque García Vicente reconoció que el presupuesto se ha multiplicado por 2,1 en el periodo 2003-2006, indicó que "es uno de los más bajos de España", así como la eficiencia económica ha disminuido, ya que cada incendio apagado ha pasado de suponer una inversión de 36.175 euros en 2003 a una inversión de 60.795 euros en 2008, mientras que cada hectárea apagada se ha incrementado desde 8.155 euros en 2003 a 13.248 euros en 2007.
En este sentido, el Justicia de Aragón reiteró que "los incendios hay que apagarlos lo antes posible, conseguir que los conatos no se conviertan en grandes" y "cuanto más presupuesto se destine a prevención, menos presupuesto será necesario para extinción".
Por otro lado, el informe aboga por formar a los voluntarios para que puedan apagar incendios en un primer momento "debidamente preparados y con los medios mínimos". García Vicente expuso que "si bien un incendio tiene que apagarse por profesionales, algunos vecinos de la zona son fundamentales en el primer momento", así como para guiar a personas de fuera por el monte, la reforestación y el mantenimiento de la zona".
El Justicia de Aragón decidió llevar a cabo este informe dada su preocupación después de que el verano pasado ardieran en la Comunidad 22.000 hectáreas entre bosque, monte bajo y árboles de cultivo. García Vicente comprobó, sobe el terreno y acompañado de alcaldes y vecinos afectados, la magnitud de los daños.
El informe recoge y presenta ideas y propuestas con la doble finalidad de colaborar con las Administraciones competentes y sensibilizar a la opinión pública. De hecho, el Justicia informó de que ya se ha enviado por correo al Departamento de Medio Ambiente y también se presentará en las Cortes. "La idea no es criticar a la Administración, sino aportar datos y soluciones para que haya menos incendios y los que haya se apaguen antes".
Para la elaboración del estudio se solicitaron informes a once entidades públicas y privadas relacionadas con el problema. Según el Justicia de Aragón, "mención especial merece el trabajo realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, muy completo e interesante", si bien todas las aportaciones se incluyen en el documento final.
DATOS ESTADÍSTICOS
En cuanto a los datos estadísticos, el número de incendios desde 1994 presenta una tendencia ascendente; existen muchas diferencias entre unos años y otros y la mayor parte de la superficie quemada se concentra en pocos incendios debido, fundamentalmente, a las condiciones climatológicas adversas.
Respecto a las causas, la mayoría (45 por ciento) se deben a imprudencias; un 32 por ciento a causas naturales y un 7 por ciento de los incendios son intencionados. El porcentaje de incendios en los que no hay una causa conocida es del 16 por ciento. García Vicente aclaró que "los intereses urbanizadores o de especulación, están ausentes en Aragón y suponen una parte ínfima de las causas en el conjunto de España".
El Informe sugiere que se vinculen las ayudas agrícolas a los compromisos en la lucha contra los incendios. En concreto, que se de mayor información a los agricultores sobre el uso y quema de rastrojos, un mayor control urbanístico del bosque evitando construcciones, casetas, barbacoas u hogueras incontroladas, así como acciones sancionadoras ejemplarizantes y seguir insistiendo en la sensibilización y formación ambiental de la ciudadanía en esta materia.
En materia de planificación y gestión, una de las principales conclusiones del informe se refiere a la necesidad de elaborar un Plan Forestal de Aragón que debería incluir, entre otras cuestiones, la definición y determinación de las zonas de alto riesgo, planes forestales para cada monte, un plan autonómico de Áreas de Cortafuegos y un plan de acción de la biomasa forestal hasta el año 2016.
Respecto a las áreas cortafuegos, éstas deben cumplir una doble función: impedir el paso del fuego y facilitar el acceso rápido al foco primitivo. Sin embargo, García Vicente indicó que "al hablar con los vecinos de la zona y expertos en el terreno, se ha demostrado que su eficacia en los grandes incendios forestales es limitada, ya sea porque el tamaño no es el adecuado, no son suficientes, o no están limpios".
En este sentido, el informe del Justicia plantea varias propuestas: reforzar la actuación de mantenimiento de las cuadrillas forestales, especialmente durante el invierno; fomentar su conservación mediante el pastoreo y mejorar la especialización de las unidades operativas del dispositivo.
También en este punto, el informe recoge la necesidad de actualizar el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias para Incendios Forestales a la realidad administrativa y normativa de la Comunidad Autónoma.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Entre las medidas encaminadas a la prevención de los incendios, apunta la conveniencia de reforestar evitando que los árboles estén demasiado juntos, realizando las podas necesarias y operaciones de clareo en bosques de alta densidad arbórea, así como evitar que el bosque esté próximo a zonas habitadas.
En general, las principales actuaciones de fomento de la prevención que sugiere el informe y que incluyen a los montes privados, consisten en apoyar la ganadería extensiva, a las empresas que revaloricen la leña y los cultivos ignífugos y fomentar actuaciones preventivas como el paso del arado dentro de los 15 días posteriores a la recolección de rastrojos.
En cuanto a la extinción de los incendios, destaca la necesidad de mejorar los accesos, puntos de agua, e infraestructuras aeronáuticas "porque para extinguir un incendio llegar pronto es fundamental", así como evitar que los vallados cinegéticos impidan el acceso; conservar bien los tendidos eléctricos; unificar los sistemas de intercomunicación de los combatientes; solucionar las carencias en autobombas, GPS o equipos individuales, así como dotar a las entidades locales de medios básicos de protección y extinción para ser utilizados en los primeros momentos.
Otro de los puntos que aborda este informe es el relativo a la labor de restauración del terreno incendiado que, en opinión del Justicia, debe partir de un acuerdo general y a largo plazo de todas las Administraciones implicadas.
A su juicio, debe atender la autoregeneración del monte, respetando los tiempos y plazos; rápida retirada de la madera quemada mediante inversiones de urgencia; un seguimiento del programa de reforestación; o el desarrollo de la figura del "monte protector" prevista en el artículo 25 de la Ley de Montes de Aragón.
Finalmente, el estudio apoya las ayudas dirigidas a determinadas actividades como ganadería extensiva y pastoreo controlado, conservación y uso apropiado del suelo, aplicación de prácticas agrícolas y forestales sostenibles, ordenación de los combustibles forestales o aprovechamiento de la biomasa forestal.
Estas ayudas pueden ser directas a los particulares que las realizan, mediante aportación económica o disminución de cargas, o indirectas, impulsando la puesta a disposición de servicios y oportunidades a toda la comunidad residente en el medio rural.
