La Ley de Autoridad del Profesorado sigue su trámite en las Cortes, tras el rechazo de enmiendas a la totalidad

EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Autoridad del Profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón continuará su trámite en las Cortes autonómicas tras el rechazo por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Popular (PP) y Partido Aragonés (PAR), de las respectivas enmiendas a la totalidad y de devolución presentadas por los grupos de la oposición, Partido Socialista (PSOE), Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU).

El debate ha comenzado con la defensa del proyecto de ley por parte de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Ejecutivo aragonés, Dolores Serrat, que ha dicho que pretende que el docente pueda ejercer "no solo el liderazgo educativo, sino también institucional" y sus funciones "con el reconocimiento de una sociedad que le valore y respete".

Al respecto, ha precisado que actualmente el Observatorio de la Convivencia Escolar del Ministerio de Educación "señala falta de disciplina, de implicación familiar y de apoyo normativo al reconocimiento del profesorado" y evidencia que hay "un 60 por ciento de violencia reactiva en los centros".

Asimismo, el Consejo Escolar de Aragón ha manifestado la "necesidad de reforzar la autoridad moral y profesional" de los docentes y la inspección educativa de la Comunidad autónoma ha puesto de manifiesto que entre 2008 y 2011 hubo en Aragón 2.799 conductas calificadas como graves contra la convivencia escolar, de las que 574 se habían dirigido contra los profesores.

Por todo esto, ha apostado por reconocer la autoridad del profesorado mediante una ley y dotar al docente de la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, incluyendo un régimen disciplinario, además de que cada centro deba tener su modelo de convivencia.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

La diputada del PSOE, Maite Pérez, ha opinado que "no hay necesidad ni es una prioridad" esta ley puesto que la Carta de Derechos y Deberes sobre las normas de convivencia de los centros, aprobada en 2011 en Aragón, tras un "proceso largo de participación de toda la comunidad educativa", es "efectiva y suficiente".

A su entender, el proyecto de ley del Gobierno "confunde el poder y la fuerza con la autoridad moral que todo docente, a lo largo del tiempo, debe ganarse a través de su desarrollo personal, gracias a la implicación personal y del apoyo de las Administraciones, en este caso del Gobierno de Aragón, con medios y recursos" y apoyo económico, en vez de "judicializar la vida en los centros".

Pérez ha asegurado que "esta ley se ha hecho al margen del profesorado" y es "una cortina de humo para decir que hacen algo con el profesorado", mientras "están recortando todos sus recursos".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha recordado que la autoridad del profesor ya está reconocida en el Código Penal y por el Fiscal General y ha estimado que esta ley "no es la forma adecuada para conseguir la valoración social al profesor", sino que lo sería "el apoyo con recursos y otras medidas".

En su opinión, la propuesta del Gobierno ofrece un "modelo jerárquico, autoritario y rancio", que "no va a subsanar las deficiencias", sino a generar problemas "cuando los padres vean que la presunción de veracidad es solo para el profesorado" y ha pedido crear un prestigio del docente "basado en la calidad y excelencia" con "medios y apoyos" y "solucionar los problemas a través de la mediación".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha afirmado que este proyecto de ley "no resuelve, ni mejora la convivencia, no refuerza la consideración social del profesorado, ni elimina el clima negativo en el que se desarrollan los trabajos en los centros educativos porque hay que atajar los problemas con más medios, más recursos, más consideración de lo que es un servicio público y no cayendo en la política absurda de recortes que está provocando movilizaciones diarias".

Asimismo, ha mencionado la "congelación salarial y el incremento de la jornada lectiva" que implica "convertir al profesorado en víctima de sus ajustes", además de que "no van a poder ponerse enfermos porque no van a ser sustituidos" y "coartan su formación al cargarse los Centros de Profesores y Recursos", para preguntar "cómo piensan resolver la cuestión de decretar autoridad de personal que no es funcionario público".

INDEFENSIÓN

La diputada del PP, María José Ferrando, ha lamentado que los grupos de la oposición "prefieran colocarse una venda en los ojos para no ver la indefensión de muchos profesores ante un preocupante deterioro del funcionamiento de las aulas, fundamentalmente en Educación Secundaria Obligatoria" puesto que el 50 por ciento de los docentes "percibe su labor como un auténtico calvario", ha dicho.

A su entender, rechazar este proyecto de ley es una "falta de responsabilidad política" y la Carta de Derechos y Deberes "resulta insuficiente", mientras que el Código Penal y el Fiscal General sólo se refieren a "violencia de alta intensidad".

La diputada del PAR, María Herrero, ha sostenido que la oposición "no ha dado argumentos para estar en contra de esta ley", sino para "estar en contra de las medidas del Gobierno", dedicándose "a hablar de otras cosas", que "no nos han convencido", además de que, "en general, el profesorado está de acuerdo con esta ley".

Ha agregado que esta iniciativa legislativa del Gobierno es compatible con "seguir ahondando" en la Carta de Derechos y Deberes, en la que "todos estuvieron de acuerdo", para "mejorar la convivencia y autoridad del profesor".