ZARAGOZA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha expresado su preocupación por como en España las Administraciones han llevado a cabo su responsabilidad en política de agua. "Conozco el diagnóstico que hace de nosotros la Comisión Europea y es preciso reorientarla profundamente porque, si no, tendremos que pagar multas elevadas por no cumplir las directivas europeas".
Así se ha pronunciado en Zaragoza durante su intervención en las Cortes autonómicas ante la Comisión de investigación sobre el saneamiento y depuración de aguas en Aragón, a la que ha sido citada por firmar como ministra de Medio Ambiente un convenio con el Gobierno aragonés PSOE-PAR para realizar las obras de depuración en la Comunidad.
En concreto, ha dicho que el Ejecutivo central se comprometió a financiar al cien por cien las obras declaradas de interés general y aportaba un 25 por ciento de financiación para las obras en zonas sensibles o prioritarias.
Por su parte, el Gobierno de Aragón debía "ejecutar esas obras", un compromiso "que estaba por escrito" por lo que las tenía que hacer "sí o sí", al margen de que lo hiciera directamente o por un sistema concesional. Respecto a este último, ha comentado que en esta Comunidad se utilizaba "hace tiempo" y también el convenio que firmó con Asturias contempla algunas acciones en régimen de concesión.
Narbona ha recordado que estas fueron las dos únicas Comunidades con las que suscribió acuerdos para desarrollar el Plan nacional de depuración, ya que poco después dejó de ser ministra. Ha añadido que el plan se elaboró tras comprobar a su llegada al ministerio la "lentitud" con la que se estaba desarrollando la depuración.
Al respecto, ha relatado que desde el ministerio se identificó la situación de cada Comunidad y "todas venían a pedirnos que sobre el convenio tipo tenían que incorporar cuestiones diferentes" por lo que "la idea con la que culminé ese proceso es que los convenios no iban a ser idénticos".
Ha agregado que "la línea roja" para su Departamento era el canon de saneamiento porque "no podíamos aceptar" que no se tuviera, mientras que "otras singularidades las aceptábamos". También ha comentado que se ponían por delante "las actuaciones ineludibles" que, de no hacerse, "podían suponer multas" de la Unión Europea.
SITUACIÓN DE ARAGÓN
Narbona ha relatado que, en este contexto, se reunió con varios consejeros del ramo, entre ellos el aragonés Alfredo Boné, una Comunidad que, ha recordado, que ya tenía canon de saneamiento y donde "se había alcanzado un porcentaje muy alto de cumplimiento desde el punto de vista de la carga contaminante por la construcción de la depuradora de Zaragoza".
Sobre el convenio suscrito con Aragón, la exministra ha esgrimido que "quedaban claras las obras que había que hacer y la aportación económica que el Gobierno de la nación estaba dispuesto a realizar".
Asimismo, ha comentado que "cada uno de los anexos" donde figuran las obras "tiene el mismo valor" y en el único presupuesto que le correspondió elaborar a su Departamento para desarrollar el convenio, el de 2008, "estaba prevista la cantidad de 30 millones de euros para el cumplimiento del acuerdo".
En respuesta a varias preguntas de los diputados de las Cortes de Aragón, Narbona ha considerado que si había otras necesidades que no estaban en los anexos, eran "compatibles siempre que se cumplieran los anexos que están asociados claramente a la depuración para cumplir las exigencias de la UE".
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La exministra ha dicho: "Asumo mi parte de responsabilidad por lo que haya hecho deficientemente", pero "de los periodos posteriores no me corresponde a mí hacer un juicio, ni sobre el Gobierno de Aragón, ni de España".
Sí ha apelado a la "responsabilidad política" de todas las Administraciones porque "o cambiamos el chip" o "este país va a tener problemas severos" ya que con el cambio climático "habrá menos precipitaciones en todas la cuencas y la contaminación va a tener una mayor incidencia".
A su entender, "hay que reconducir lo más rápidamente posible el concepto de la política del agua, que tiene mucho menos que ver con las infraestructuras que con la gestión y más con la calidad que con la cantidad de agua" y "tanto mejor si compartimos desde todas las fuerzas políticas cómo reorientarla", cuando "abrimos una nueva etapa" en la que "hemos de ser capaces de utilizar mejor el dinero público de todos los contribuyentes".
La exministra de Medio Ambiente ha alertado de que los planes hidrológicos de cuenca actuales "no están cumplimiento con los requisitos de la Directiva Marco del Agua" y por eso ha apelado a la colaboración de las Comunidades autónomas y el Gobierno central "para salir de esta situación".
Según ha dicho, los incumplimientos se dan "no solo en aguas residuales", sino en otros ámbitos, como en materia de nitratos y otros componentes contaminantes, en la repercusión del coste y en el control de acuíferos, ha citado.
Ha añadido que habrá que hacer las depuradoras pendientes, favorecer un cambio en la cultura de la utilización del agua en el regadío y usar las tecnologías para hacer un "uso inteligente" de este recurso.
