ZARAGOZA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Aragón ha señalado que es necesario ampliar los controles sobre el sector de la dependencia. "Las deficiencias de medios en los centros de trabajo y errores en la gestión de los mismos han tenido consecuencias fatídicas sobre las trabajadoras".
Por ello, el sindicato ha reclamado mayor control sobre las empresas que trabajan en el sector , especialmente en las residencias de personas mayores cuyas trabajadoras han vivido "semanas muy duras ante los contagios por la pandemia".
En concreto, FeSP UGT ha llegado a interponer hasta cinco denuncias contra Aralia --entre otras empresas-- gestora a través de licitación pública de la Residencia Elías Martinez, cuya titularidad pertenece al Gobierno de Aragón y el Servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad de Huesca, la titularidad es del Ayuntamiento de la ciudad.
El motivo de estas denuncias es la falta de equipos de protección individual (EPI) y la modificación de condicione laborales. El sindicato ha detectado que muchas empresas están utilizando formas de gestionar al personal poco adecuadas realizando movilidad de funciones entre las diferentes categorías profesionales, retrotrayendo la gestión interna de los centros hacia un modelo asistencial de "chica para todo". Así, ha habido cambios "continuos" de "calendarios laborales, horarios, vacaciones y días de descanso".
"Es necesaria mayor dotación de recursos humanos, para proporcionar atención de mayor calidad a las personas mayores y evitar estas situaciones que ponen en evidencia la frágil situación de las trabajadoras en los centros", ha subrayado el sindicato, al tiempo que ha recordado que en este sector los salarios "ni tan siquiera llegan a ser mileuristas".
NO PUEDE SER UNA EXCUSA
UGT ha incidido en que la situación vivida por la COVID-19 no puede ser una excusa para empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector de la dependencia. "Un sector feminizado, el 90 por ciento de las trabajadoras son mujeres, que lleva años reclamando mejorar sus condiciones laborales y ahora está siendo uno de los más castigados, una situación que no podemos permitir".
Por ello, FeSP UGT ha apuntado que debe establecerse un sistema de control de la gestión de los centros; detectar incumplimientos; abrir expedientes y agilizar la resolución de los mismos; llegando si fuera necesario a la "resolución del contrato" de la empresa que no cumpla con las condiciones laborales legamente establecidas de las trabajadoras.
El sindicato urge también a la modificación del Decreto 111/92 respecto a las ratios de personal, que es cada vez más necesaria en un sector que genera alrededor del 3 por ciento de PIB de la Comunidad autónoma.
