OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha pedido al presidente del Gobierno asturiano, al presidente de la Junta General y a todos los grupos parlamentarios autonómicos que no se suprima la Procuradora General, por la labor en defensa de los derechos sociales y humanos que esta entidad promueve.
El presidente de AI en Asturias, Francisco Javier Fernández López, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para dar cuenta del Informe Anual del Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. En la cita, ha informado de que la organización ha enviado una carta de solicitud para que se cancela la supresión de la Procuraduría General, prevista en aras de una mayor austeridad institucional.
Fernández López ha destacado el trabajo de la Procuradora en los últimos seis años, no sólo en lo que se refiere a la recogida de quejas y denuncias ciudadanas, sino también a la elaboración de informes, como el de menores extranjeros no acompañados. Ha comentado además a la cesión de la sede de la Procuradora para cursos y actividades de organizaciones de derechos humanos, así como la creación de la Cátedra de Amparo de Derechos y Libertades o el Master sobre colectivos en riesgo de exclusión social.
Para el presidente de AI Asturias la posibilidad de que las funciones de la Procuradora las pase a ejercer la Comisión de Peticiones de la Junta General conlleva la "pérdida de independencia".
AI ha demandado también al Gobierno de Asturias que elabore un informe sobre el impacto que los posibles recortes que aplique puedan conllevar sobre los "colectivos más vulnerables". En todo caso, demanda que se garantice el mantenimiento de los servicios sociales básicos.
INFORME
En el informe sobre derechos humanos, Amnistía Internacional critica el proceso electoral en Egipto, como una oportunidad perdida, la no intervención de las potencias occidentales en el conflicto en Sri Lanka o su "pasividad" con los crímenes en Siria.
El Informe documenta casos concretos de restricción de la libertad de expresión en al menos 91 países, así como casos de torturas o malos tratos en al menos 101 países, en muchas ocasiones por participar en manifestaciones.
Hace especial hincapié en la conferencia de la ONU que se celebrará en julio para acordar un Tratado sobre Comercio de Armas, y que será "una prueba de fuego para ver si los políticos son capaces de poner los derechos humanos por encima de los propios intereses y los beneficios".
No obstante, apunta a la crisis económica como un obstáculo para el respeto a los derechos humanos, y recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la reducción en España de los niveles de protección efectiva de derechos como la vivienda, la salud, la educación y el trabajo, entre otros, como consecuencia de las medidas de austeridad.
