La Asociación de Vigilantes de Seguridad denuncia a la empresa de seguridad de Sograndio y al Principado

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno en la comunidad contra la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio (Oviedo) y contra la Viceconsejería de Justicia del Gobierno del Principado de Asturias.

Según han informado desde la asociación, la denuncia se fundamenta en un posible incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla en el centro.

Desde Avispa argumentan que personal contratado con la categoría laboral de 'auxiliar de servicios' por la compañía adjudicataria está realizando labores de control, seguridad y vigilancia en el recinto con la autorización del Ejecutivo autonómico.

Según ha indicado el colectivo, estos trabajadores carecen de la acreditación administrativa del Ministerio del Interior reservada en exclusiva para los vigilantes de seguridad.

Asimismo, la asociación ha denunciado que se ha enmascarado la contratación de estos empleados con la convivencia del Gobierno asturiano y que la supuesta ampliación del dispositivo en 15 vigilantes difundida en medios se corresponde en realidad con "auxiliares", porteros o controladores.

Avispa afirma que esos trabajadores "no cuentan con la capacitación requerida, carecen de nacionalidad española, no saben hablar castellano y proceden de un gimnasio gijonés de artes marciales extremas".

Entre las cometidos que vienen desempeñando estos auxiliares, la denuncia especifica el control de accesos e internos a las plantas de Sograndio, así como la vigilancia, custodia y protección de las instalaciones. Además, el colectivo ha destacado que este personal viste un uniforme con el que se confunde "perfectamente" con los vigilantes de seguridad habilitados.

La asociación solicita a la Delegación del Gobierno en Asturias que admita el escrito, requiera un informe de análisis de los hechos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional y, previa apertura de expediente sancionador, adopte las medidas correctoras oportunas.