Carcedo (PSOE) niega base en el borrador del dictamen sobre Cerredo para señalar responsabilidades personales

    OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, ha cuestionado este miércoles el borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo al considerar que contiene "errores", "juicios de valor" y no establece una "relación directa" entre los hechos analizados y las responsabilidades que se pretenden derivar. "No podemos señalar, con lo que tenemos en este momento encima de la mesa, a personas concretas como corresponsables de este accidente", ha afirmado, refiriéndose al Informe de la Inspección General de Servicios y al nuevo documento.

   En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Carcedo ha señalado que el documento es "un texto deslavazado con opiniones que no se sustentan con argumentos, que tiene muchos juicios de valor, que incluye errores y cuyas conclusiones no se apoyan en los testimonios que hemos ido escuchando a lo largo de toda la comisión". El Grupo Socialista no comparte "ni la forma, ni tampoco el fondo".

   En relación con el contenido del borrador del dictamen, la diputada socialista ha defendido que no puede apreciarse en este momento una vinculación directa entre el accidente y la actuación de la Administración a través de sus procedimientos, por lo que ha considerado que "no se justifica en modo alguno el señalamiento de responsabilidades personales, ni políticas ni técnicas".

   Carcedo ha apuntado que debe ajustarse al "marco de actuación" delimitado por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de 2023. "Ese Tribunal Constitucional ya delimita y contextualiza dónde puede operar la Junta General del Principado en el marco de la Comisión de Investigación", ha apostillado para aludir al alcance del dictamen.

   Desde la otra fuerza política que sustenta el Gobierno asturiano, el portavoz parlamentario de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, ha discrepado del Grupo Socialista y ha subrayado que las responsabilidades políticas son "muy claras". Considera que el dictamen debe servir para depurar responsabilidades políticas, aunque ha advertido de que le parece "un enorme error" que señale a funcionarios públicos.

   Vegas ha afirmado que "no puede ser que en una Cámara que representa a los asturianos señale responsabilidades políticas y esas personas señaladas sigan ostentando cargos públicos". "Nos parecería enormemente preocupante", ha añadido.

   El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha sostenido que el borrador apunta a responsabilidades políticas al señalar a varios ex altos cargos de Industria y ha acusado a la Administración de haber "adecuado a capricho" autorizaciones de proyectos de investigación, eliminar controles de inspección minera y alertar a posibles infractores, lo que, ha dicho, derivó en extracciones ilegales y en el accidente con seis fallecidos.

    Aunque ha reconocido que la responsabilidad directa es de la empresa, ha insistido en que en la comisión deben dirimirse responsabilidades políticas, que, a su juicio, el Gobierno y la FSA "niegan" para "desviar la atención".

   Venta ha señalado que el borrador del dictamen es "bastante equilibrado" y "atinado", al considerar que "recoge bastante bien todo lo que se ha tratado" en la comisión y "refleja honestamente lo que ha pasado con Cerredo". También ha apuntado que, si no se asumen responsabilidades, "alguien las está frenando", y ha reclamado que se llegue "hasta el final" por respeto a las familias de las víctimas.

   Para la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, se ha evidenciado un "fallo sistemático" de la Administración y se ha mostrado de acuerdo con el "fondo". López ha ido más allá al situar como "máximo responsable" al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que considera incapaz de "liderar y gestionar adecuadamente" el Gobierno.

   Por su parte, el portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha indicado que le parece "correcto" que, además de cargos políticos, "funcionarios públicos sean objeto de petición de responsabilidades". Pumares se ha mostrado crítico con la "utilización de los proyectos de investigación complementaria como coladero". "No están amparados por ninguna norma jurídica y por lo tanto lo que tenemos también que determinar es quién está detrás de esa figura", ha destacado, calificándolos de "fraude de ley".

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR

    El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, se ha mostrado especialmente crítico con la diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión de investigación, Covadonga Tomé, a quien ha acusado de "oportunismo, más propio de la derecha y extrema derecha" y de haber actuado más como partido, como Somos, que como presidenta".

   Vegas ha reprochado que el documento no se llevara primero a la comisión para su debate, enmiendas y votos particulares, sino que se anunciara públicamente antes en una rueda de prensa.

   Tomé se ha defendido de las acusaciones de Vegas explicando que el borrador del dictamen se envió primero al Grupo Socialista y al letrado de la Cámara antes de la rueda de prensa de presentación, y que el documento quedó disponible en la carpeta de la comisión para el resto de grupos.

   La parlamentaria ha respondido también a las críticas de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, calificando de "discurso enlatado" sus palabras. Lastra se refirió esta mañana al borrador, que considera un "dislate jurídico y despropósito político", el cual, según apuntó, los letrados no habían visto antes de ser presentado en rueda de prensa.

   La diputada del Grupo Mixto ha insistido en que el "caiga quien caiga de Barbón no puede limitarse a declaraciones", sino que debe derivar en responsabilidades personales e institucionales, y ha recordado que una mina es dominio público cuya vigilancia incumplió la Administración al autorizar a una empresa sin solvencia técnica ni financiera".

   "Una mina es un dominio público y que sobre ese dominio público la administración tiene una responsabilidad clara. Es verdad que lo explota una empresa privada, pero una empresa privada a la que la administración concede o no la posibilidad de operar", ha aseverado.

   En cuanto a la sentencia del Constitucional en la que se ampara el Grupo Socialista, Tomé entiende "que quieran sacar a bailar esa sentencia para tratar de argumentar una debilidad jurídica por parte de la propuesta de dictamen". "Es el argumento endeble de quien no tiene ningún tipo de argumento", ha criticado. Tomé ha explicado que "no tiene absolutamente nada que ver", ya que se refiere específicamente "a interrogatorios realizados a una persona en concreto durante la fase de comparecencias, que aquí no cabe, no procede".