La Fiscalía solicita diez años de cárcel para una abogada acusada de apoderarse de dinero de sus clientes

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado un total de diez años de prisión e indemnizaciones por más de un millón de euros para una abogada acusada de apoderarse de dinero de más de una treintena de clientes. La vista oral está señalada para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.

La acusada, letrada del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Oviedo, constituyó junto a otros dos letrados en 2005 una sociedad limitada profesional. Según ha informado Fiscalía en nota de prensa, en enero de 2012, y tras la marcha de uno de ellos, la acusada fue designada administradora única de la sociedad resultante, en cuyo ámbito venía desarrollando su actividad profesional.

Entre los años 2001 y 2013 la acusada se comprometió a desarrollar las gestiones encargadas por un número elevado de clientes que acudieron a su despacho y le confiaron la defensa de sus intereses en distintas materias por su condición de letrada.

De este modo, a sabiendas del quebranto de la lealtad y diligencia esperada, sin llevar a cabo las actuaciones encomendadas, hizo suyas las cantidades que le fueron satisfechas por aquellos, así como otras efectuadas por terceros para entregar a sus clientes.

Además, en algunos casos, confeccionó documentos oficiales y manipuló resoluciones judiciales que tenía en su despacho pertenecientes a otros procedimientos judiciales y que entregó a sus clientes para evitar ser descubierta, creándoles así expectativas infundadas sobre sus pretensiones y generándoles perjuicios manifiestos derivados de la absoluta manipulación de la información que les había suministrado, dificultando o impidiendo el ejercicio de sus acciones judiciales.

La Fiscalía le atribuye un delito continuado de deslealtad profesional, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental. Además de los diez años de prisión, se solicita inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía y el pago de indemnizaciones a los perjudicados por casi 1,3 millones de euros.