Otea rechaza la tasa turística asturiana: "Penaliza el alojamiento reglado"

   OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   La asociación Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha mostrado este viernes su rechazo "de plano" a la tasa turística presentada por el Gobierno asturiano. A su juicio, se trata de "un impuesto innecesario que penaliza el alojamiento reglado" que se ha aprobado "por urgencias políticas y sin un informe técnico que evalúe su impacto en el empleo y la rentabilidad empresarial".

   En una nota de prensa, Otea ha remarcado que este nuevo impuesto "actúa como una barrera fiscal en una comunidad que apenas supera el 50% de ocupación y que todavía arrastra un déficit histórico y crónico en sus comunicaciones e infraestructuras".

   "Asturias dista mucho de sufrir la sobresaturación de otros destinos; aquí no sobran turistas, sino que falta una gestión eficiente de los recursos que ya se recaudan a través de los impuestos ordinarios", han agregado.

   A juicio de la patronal hostelera, hay una "desconexión total" entre el discurso oficial y el diseño de la tasa, que "carece de indicadores de sostenibilidad o compromisos vinculantes de inversión".

EL TURISMO "NO ES NINGUNA CARGA" EN ASTURIAS

   Otea ha recordado que el turismo "no es ninguna carga", sino que "ya aporta cerca de 500 millones de euros anuales en ingresos fiscales" en Asturias, de los cuales 53 millones se recaudan directamente en las arcas de los ayuntamientos.

   Para Otea, el visitante "ya paga de sobra" los servicios que utiliza, por lo que "pretender ahora un 'extra' bajo el eufemismo de la mejora de servicios supone una duplicidad fiscal injustificada en un territorio que ya soporta una notable presión impositiva del 37,9% de su PIB regional".

   En lo referido al modelo de voluntariedad propuesto por el Gobierno, consideran que su aplicación "generará fronteras fiscales artificiales e incertidumbre" al crear diferencias de precios entre municipios limítrofes, algo que "desviará a los viajeros más sensibles al coste hacia otros destinos".

   Otea critica también que el proyecto convierta a los empresarios en "recaudadores forzosos de la Administración", incrementando "sustancialmente" sus cargas administrativas y "obligando" a asumir los costes de adaptación informática "sin recibir ninguna contraprestación".