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OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar sobre el Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias, una norma que actualiza el marco normativo tras más de treinta años desde la aprobación de la Ley de Protección del Menor de 1995.
El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, considera necesaria la actualización legislativa, aunque ha reprochado a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar su gestión. "Su consejería tiene un suspenso mayúsculo, un suspenso rotundo en relación con la protección de los menores", ha aseverado Pumares, quien ha advertido de que la ley contempla medidas que requerirán recursos económicos y ha advertido de que "trasladar responsabilidades a los ayuntamientos implica también hablar de cómo financiar o de qué medios son necesarios".
La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha apoyado el texto normativo destacando el derecho a la participación y a la escucha activa de los niños y adolescentes. "Se trata, sencillamente, de respetar su dignidad como sujetos de derecho y no como simples objetos de protección", ha subrayado. Tomé también ha puesto el foco en la salud mental temprana y en la protección de los menores migrantes no acompañados al señalar que es prioritario amparar a quienes sufren "una doble vulnerabilidad porque son menores pero además se encuentran en un proceso migratorio sin referentes familiares".
El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, ha calificado de "paso histórico" la aprobación de este proyecto de ley que sitúa a la infancia como protagonista plena de derechos. Vegas ha enfatizado que el texto sitúa la prevención como pilar fundamental y restringe el acogimiento residencial para fomentar el entorno familiar. "Si un menor debe ser separado de sus progenitores, se priorizará siempre el acogimiento familiar frente al residencial", ha defendido el parlamentario, recordando además que la norma prohíbe la alternativa residencial para los menores de diez años salvo en casos excepcionales.
Por parte de Vox, la diputada Sara Álvarez ha señalado que se trata de un texto "descaradamente intervencionista y sectario" que supone una intromisión en el ámbito de las familias. Álvarez ha afirmado que "por debajo del caramelo de la escucha activa del menor se esconde el sometimiento a todos los postulados de la ley" y ha criticado que la norma habilite a los servicios del Principado para "infiltrarse en la vida de los menores y de sus familias" mediante "actuaciones de choque, en lugar de mecanismos de protección".
Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Beatriz Polledo ha justificado la abstención de su grupo pese al trabajo de enmiendas realizado, al lamentar que la ley "se queda sin alcanzar la ambición que la infancia asturiana merece".
Polledo ha centrado sus críticas en los relevos al frente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y en las denuncias sobre la gestión de los centros tutelados. "Llevamos tres consejeras; llevamos tres directoras generales de Dependencia; llevamos tres directoras generales de Infancia, ahora se anuncia una cuarta; llevamos dos gerentes del ERA; este es el reflejo de lo que pasa en una consejería que está absolutamente desbordada y en descomposición", ha recordado. La parlamentaria del PP ha asegurado que "una ley no garantiza nada por sí sola si detrás no hay una buena gestión".
Por último, la diptuada socialista Ana Isabel González ha reprochado la postura del PP señalando que "una vez más les preocupa más el cálculo electoral que las políticas sociales" y afeando que "anteponen el partidismo y se refugian en la abstención". Ha acusado a los diputados del PP de "incoherencia política, incoherencia parlamentaria y cobardía, mucha cobardía", defendiendo que Asturias aprueba hoy "una norma moderna que sitúa a los menores como personas titulares de derechos" que "tienen derecho a ser escuchados, a participar y a recibir información adecuada a su edad".
