Piden 8 años de cárcel para 3 acusados de integrar un grupo criminal de prostitución de mujeres en Oviedo

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita ocho años de prisión, entre otras penas y medidas, para tres acusados de integrar un grupo criminal de prostitución de mujeres en un piso de Oviedo. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 4.

El escrito recoge que desde fecha desconocida pero en cualquier caso con anterioridad a octubre de 2023, los acusados, puestos de común acuerdo, obligaban a mujeres a ejercer la prostitución en contra de su voluntad en el piso que tenían alquilado a nombre de uno de los acusados en la calle General Elorza de Oviedo, ofreciéndoles en un primer contacto unas condiciones económicas que luego no eran las estipuladas.

Inicialmente ofrecían que los beneficios se repartirían entre los acusados y las chicas en torno al 50% cada uno y la realidad después era que los acusados se llegaban a quedar entre el 60 y el 70% del dinero obtenido. Igualmente, las condiciones laborales nunca eran las inicialmente pactadas, pues aunque no fijaban horarios laborales concretos, lo cierto es que en la práctica imponían jornadas sin ningún tipo de horario, teniendo que estar las mujeres siempre en la casa a disposición de los acusados por si algún cliente llamaba o aparecía, sin permitir ningún tipo de descanso, ni vacaciones, ni permitiéndoles salir de la vivienda sin la autorización expresa y previa de otra de las acusadas , y solo y exclusivamente para salir a comprar comida y durante un tiempo máximo de una hora.

En caso contrario, a la acusada las llamaba insistentemente al móvil exigiéndoles que regresaran al domicilio, llegando a encerrarlas en la casa con llave para que no pudieran salir cuando ninguno de los acusados podía estar en el domicilio vigilando.

Cuando las chicas tenían que ejercer servicios de prostitución fuera del domicilio de la calle General Elorza, era el acusado que tenía a su nombre el piso el que las llevaba y las esperaba fuera hasta que terminaban el trabajo.

Por otro lado, los acusados también obligaban a las mujeres a vender a los clientes diferentes tipos de drogas, en concreto, cocaína, y marihuana. También les ofrecían Viagra.

Para la ejecución de estos hechos, los acusados respondían a una estructura delictiva previamente organizada y a un reparto de funciones claramente determinado desde el principio, de forma que la mujer acusada era la que regentaba el piso de General Elorza, captaba a las chicas, dormía siempre en la casa para controlarlas e impedir que pudieran salir, les retenía la documentación, les controlaba las llamadas telefónicas y las escasas relaciones sociales que pudieran tener, y por supuesto era la que gestionaba todo el dinero que las chicas recibían de estas actividades. También era quien entregaba a las chicas la droga para que la vendieran a los clientes.

Por su parte, el hombre acusado era la persona que se encargaba siempre del transporte de las chicas a hoteles o a domicilios particulares cuando la prostitución se ejercía fuera de la vivienda de General Elorza. Cobraba directamente de los clientes o hacía que las chicas le entregasen el dinero si lo habían recibido ellas previamente.

Finalmente la hija de la mujer acusada, también procesada, pasaba largas jornadas en el domicilio de la calle General Elorza controlando a las chicas y se quedaba en el mismo, cuando su madre tenía que ausentarse, para controlar que nadie saliera de la casa.

En el contexto de esta actividad criminal, la testigo protegido de nacionalidad colombiana y que vivía en su país natal una clara situación de vulnerabilidad, pues tenía tres hijos a su cargo y muy escasos recursos económicos, decidió viajar a España, en principio por un período de tres meses, para conseguir dinero con el que regresar a Colombia y poder mantener a su familia.

Hizo el viaje el 30 de noviembre de 2023. El 20 de septiembre de 2024 contactó vía Whatsapp con la acusada más joven quien le ofreció ejercer la prostitución en Oviedo, pactando que las ganancias obtenidas se repartirían al 50% entre las dos, sin fijar ningún horario laboral y acordando que viajase al día siguiente a la capital asturiana.

De esta forma, el 21 de septiembre de 2023 la testigo protegido llegó a Oviedo, acudiendo al domicilio de la calle General Elorza, en donde tuvo que entregar inmediatamente toda su documentación personal. En este primer momento, la acusada requirió a la testigo protegido que le entregara fotos suyas en actitud íntima y provocativa para subirlas a páginas web de contenido erótico a través de las cuales poder conseguir clientes.

Igualmente, desde este primer momento, la acusada le informó de que tenía que estar siempre disponible en el interior de la vivienda por si un cliente llamaba para concertar un servicio sexual y de que tenía que trabajar las 24 horas del día los siete días de la semana, sin posibilidad de descanso alguno. Debía entregarle inmediatamente el dinero recibido. Esta cantidad no alcanzaba el 50% acordado, sino que los acusados se quedaban entre el 60 y el 70% de las ganancias.

La testigo protegido era obligada a realizar todos los servicios que exigían los clientes y en las condiciones que los solicitaran. No estaba autorizada a ausentarse del domicilio en ningún momento, con la única excepción de salir a comprar comida, lo que hacía una o dos veces por semana y con la expresa advertencia de la acusada de que no podía tardar más de una hora en regresar. El control sobre la movilidad de la testigo protegido llegó hasta tal punto que en una ocasión en la que ninguno de los acusados podía estar en la casa controlándola, la acusada la encerró con llave durante un tiempo aproximado de dos horas.

La testigo protegida estuvo en estas ocasiones un total de 20 días aproximadamente ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad, pues aunque la misma comunicó a la acusada en varias ocasiones que no quería continuar y que la iba a denunciar, la acusada le decía que "quién la iba creer a ella, que no tenía papeles, que el acusado era español, y estaba conchabado con la policía" consiguiendo amedrentarla.

No obstante, finalmente la testigo consiguió escapar del domicilio y llamar a la Policía. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delitos de prostitución coactiva y un delito de grupo criminal y solicita que se condene a cada uno de ellos por el delito de prostitución coactiva, a 5 años de prisión y 24 meses de multa a razón de una cuota diaria de 15 euros. Además, prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros, así como comunicarse por ningún medio con ella, durante 6 años; libertad vigilada durante 5 años e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 15 años.

Por el delito de grupo criminal, tres años de prisión. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los tres acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la testigo protegido en la cantidad de 10.000 euros en concepto de daños morales, más los intereses legales correspondientes.