PSOE e IU coinciden en pasar de "despenalización a derecho" y el PP critica el cambio al "aborto libre"

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y senadora, Carmen Sanjurjo, y la diputada de IU-BA-Verdes en la Junta General del Principado Emilia Vázquez, coincidieron hoy en destacar la importancia de que con la reforma la ley del aborto se cambie el concepto de "despenalización" por un "derecho" de las mujeres que contemple su "voluntad y libre decisión sin la tutela de nadie".

Por su parte, la diputada del PP en la Junta General del Principado Cristina Coto reseñó que su partido "no está de acuerdo con la apertura del aborto libre" ya que dice parece ser una "nueva fórmula de planificación familiar".

Así lo apuntaron las responsables asturianas en declaraciones a Europa Press, después de que la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobase en la tarde de ayer las conclusiones de la Subcomisión encargada de estudiar la reforma de la ley del aborto, en las que se propone el aborto libre durante un determinado número de semanas, aún sin determinar, que será ampliable "en caso de grave malformación del feto o grave peligro para la salud de la madre".

El texto fue apoyado por el PSOE, ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai y contó con el rechazo del PP y la abstención del PNV. Por su parte, CiU no votó. El documento pide, entre otras medidas, que se pueda abortar a partir de los 16 años de edad "sin necesidad de consentimiento paterno".

Sanjurjo estimó que antes de julio se podrá ver en el Congreso de los Diputados la propuesta del Gobierno para la reforma, que tendrá que ser debatida en la cámara y derivada al Senado para definitivamente ser tratada en el Congreso. "Se ha hecho un trabajo muy profesional y fundamentado en la comisión y ahora el Gobierno tendrá muy en cuenta esas conclusiones", dijo.

Además, la senadora indicó que aunque en la propuesta no se fijan las semanas, si entiende que la Ley incluirá plazos concretos, que ella estima entre las 14 y 16 semanas, al considerarlo un tiempo "suficiente", aunque recordó que en casos de malformaciones o riesgos para feto o mujer esos plazos serían ampliables con indicaciones. Junto a la determinación de plazos, también se mantendrán los supuestos actuales, recordó.

La senadora socialista por Asturias apuntó también la trascendencia de que las jóvenes puedan decidir libremente sin la autorización paterna a partir de los 16 años. Otro enfoque básico será el refuerzo de la prevención de embarazos no deseados potenciando la información y educación afectivo-sexual, afirmó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público de salud, ya que hasta el momento solo el 3 por ciento se realiza en la sanidad pública.

Con un criterio similar se mostró Emilia Vázquez quien dijo que para IU es "irrenunciable" que la sanidad pública garantice las interrupciones voluntarias al embarazo en todas las comunidades autónomas. También remarcó que es "obvia" la capacidad de decisión de una joven de 16 años.

Para la diputada autonómica de IU la propuesta es consecuencia del trabajo desde la izquierda durante años para que el aborto "deje de verse como una despenalización de un delito y se vea como un derecho", por ello considera básico que salga del Código Penal, y que se redacte una ley que "contemple la voluntad de la mujer a decidir".

Sobre los plazos, Vázquez sostiene que el límite debería oscilar entre las 18 y 20 semanas ya que "es antes de estos plazos cuando se producen el 98% de las interrupciones", al tiempo que señaló que podrían ampliarse con indicaciones médicas ante casos de riesgo concretos con detecciones tardías.

Por su parte, la diputada del PP remarcó que lo importante sería "reducir los abortos" en vez de un aperturismo hacia el "aborto libre", en especial en un país como España "que registra unos de los más altos datos de aborto adolescente". Así, dijo que su partido apuesta más por la "formación, información y educación" para evitar embarazos no deseados.

Cristina Coto criticó el tratamiento del proceso ya que dice que se ha llegado a unas conclusiones "intencionadamente queridas" ya que las comparecencias eran parciales, y porque su partido no recibió ninguno de los documentos e informes de situación de instituciones y organizaciones especializadas que solicitó, por lo que considera que "no se ha podido llegar a una reflexión adecuada".

Por ello, indicó que desde el PP se mantendrá una posición particular en defensa de evitar de que "haya mujeres que se vean forzadas a abortar de forma rápida y sin información". Asimismo, exigirá informes públicos sobre los riesgos del aborto para la mujer y la importancia de un periodo de reflexión. En este sentido, promueve un plan de apoyo a la maternidad para garantizar que "no se tomen decisiones precipitadas".

La diputada del PP aseguró, además, que es "posible" que la reforma "choque con la Constitución española", por lo que califica la actuación del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de "irresponsable".

JUVENTUDES CRITICA AL PP

Por su parte, Juventudes Socialistas de Asturias (JSA) calificaron hoy de "deplorable e irresponsable el intento del PP de equiparar aborto con violencia de género".

El secretario general de Juventudes, Nino Torre, afirmó a través de un escrito que las medidas de "tutelaje y vigilancia" sobre las mujeres que quieren abortar propuestas por el PP "son un auténtico atraso, un intento de devolver a la mujer a ese papel sumiso y secundario que ocupaba en la sociedad del pasado, y de negarle su capacidad para decidir sobre su propia maternidad".

A su juicio "el empeño del PP por crear instrumentos de tutela y vigilancia demuestra que la derecha de nuestro país sigue considerando necesario someter las decisiones sobre la maternidad de la mujer a la opinión de terceros, y que todavía cree que las mujeres no están capacitadas para decidir lo más correcto sin necesidad de ayuda alguna".

Además, Torre califica de "irresponsable, demagógico y deplorable el intento del PP de relacionar el derecho que tiene una mujer adulta a decidir libremente sobre su maternidad con la violencia de género", una comparación que "lanza un peligroso mensaje social, y que además es un insulto para las miles de mujeres que de forma libre, y después de pensarlo mucho, han tomado una decisión, que sin duda no es fácil, pero que ellas han considerado la más adecuada".

Para Juventudes el PP "no tiene en realidad una postura seria y coherente acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, un asunto muy serio que están utilizando de forma demagógica para generar tensión, y para excitar a los sectores más ultraconservadores de la sociedad".