OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado, con los votos mayoritarios del PSOE y del PP, una proposición no de ley de IU que pedía sobre mercado inmobiliario que pedía, entre otras medidas, la "suspensión inmediata" de la ejecución de todos los embargos de la vivienda habitual que afecten a los trabajadores en situación de desempleo quienes no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.
La diputada del PP, Ana Barrientos, había dicho en su intervención que su Grupo se iba a abstener, pero finalmente los diputados del PP votaron en contra, que el diputado de Bloque por Asturies, Roberto Colunga, ha respaldado la iniciativa de sus ex compañeros de grupo parlamentario. De esta forma, la iniciativa tuvo 35 votos en contra y cinco a favor.
El portavoz de IU, Jesús Iglesias, fue el encargado de defender en el Pleno de este viernes la propuesta que incluía un conjunto de medidas que demanda al Gobierno central y que constituyen una respuesta "solidaria y desde la izquierda" a la actual situación, en la que a muchos ciudadanos les es imposible hacer frente a los pagos de las hipotecas.
Solicitaba que se reforme la normativa hipotecaria, de tal forma que contemple la posibilidad de negociación que pueda conducir a la condonación parcial de la deuda, cuando se trate de "deudores de buena fe" y la posibilidad de la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda. Es decir, que las hipotecas se cancelen una vez que el ciudadano ha entregado su vivienda al banco.
Iglesias también solicitaba la creación de un Fondo de Garantía Hipotecaria para frenar los embargos por parte de entidades financieras de las viviendas habituales de la familias. En ese fondo participarían el Estado, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las asociaciones de consumidores, organizaciones empresariales del sector financiero y los sindicatos. También ha considerado necesario regular un seguro de garantía de pago hipotecario para primera vivienda familiar, de carácter obligatorio, que pueda atender la situación acreditada de insolvencia personal del deudor.
Sin embargo, el diputado Álvaro Álvarez ha dicho que está en contra de que se cancele la deuda entregando la vivienda, porque "de lo que se trata es de que la gente no tenga que abandonar su casa". Ha explicado que el Gobierno central ha realizado diferentes medidas para intentar mitigar la situación.
Y ha dicho que una ley no puede "equiparar" el cumplimiento de las deudas con su incumplimiento. "Hay que ser responsables", ha dicho, insistiendo en que no se puede poner al mismo nivel al que debe algo con el que no debe y apelando a la seguridad jurídica. En este sentido, ha señalado la "responsabilidad individual" en este asunto, señalando que cuando un particular compraba una vivienda y ésta se revalorizaba, las ganancias iban sólo para él.
La diputada del PP, Ana Barrientos, ha criticado a IU por llevar a la Cámara una iniciativa de ese tipo cuando la Consejería de Vivienda del Principado, gestionada por IU, "no se cumplen las promesas".
Ha dicho que su partido puede estar de acuerdo en determinados aspectos de la iniciativa, pero que todo ello requiere de un cambio en la regulación legal a nivel estatal. "Coincidimos en que es necesaria una regulación en este asunto", ha apuntado, aunque ha recordado que no coinciden en "cómo" se plantea la iniciativa ni en "dónde" se realiza. Y que por eso se abstendrían. Pero finalmente su grupo votó en contra.