'Las Seis de La Suiza' celebran el indulto pero advierten del precedente jurídico contra la lucha sindical

Las indultadas afirman que en "ninguna" de las acciones de protesta hubo "absolutamente ningún incidente"

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Dos de los indultados por el caso de 'las Seis de La Suiza, Luara Carrio y Héctor González, en Gijón. - JORGE PETEIRO / EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 13:30

GIJÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos de los indultados por el caso de 'las Seis de La Suiza, Luara Carrio y Héctor González, han mostrado su satisfacción al poder disfrutar de una libertad que, según ellos, no se les tenía que haber quitado.

Carrio, por su parte, ha apuntado que, si bien es una buena noticia, "tampoco es una felicidad completa". Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la rueda de prensa convocada en Gijón por el grupo Sofitu, que ha liderado el movimiento sindical de apoyo a las seis personas condenadas, cinco mujeres y un hombre.

"Aunque nosotras ahora disfrutemos del indulto y de la libertad, los derechos sindicales siguen estando en tela de juicio porque se ha sentado una jurisprudencia y eso es algo que nos preocupa de cara al futuro", ha mostrado su preocupación.

Sobre los hechos por los que fueron condenadas, ha asegurado que eran unas concentraciones en las que, aparte de estar autorizadas por Delegación de Gobierno, "en ninguna de ellas hubo absolutamente ningún incidente, no hubo ningún atisbo de violencia", ha defendido.

A mayores, ha recordado que tuvieron lugar en Asturias, una comunidad autónoma que donde históricamente ha habido muchísimas luchas sindicales, por lo que ha visto "un poco paradójico" que precisamente en esa región hayan acabado condenadas.

Ha confesado, asimismo, que no pensaban que esto fuera a terminar así, porque los mismos hechos por los que terminaron condenadas fueron archivados varias veces en otros juzgados de Gijón, incluso por la Audiencia Provincial.

"Parece que según donde caiga, los mismos hechos pueden terminar siendo juzgados y determinados como delictivos o simplemente como derecho sindical", ha llamado la atención Carrio, quien ha recordado que se condenó a cada una a tres años y medio de prisión y al pago de una multa de 125.00 euros.

Ha explicado, a este respecto, que estuvieron en la cárcel nueve o diez días hasta que fueron catalogadas en tercer grado. Sobre esto último, ha lamentado que hasta eso parece que se está poniendo un poco en tela de juicio por parte demandante.

"Nosotras fuimos catalogadas en tercer grado porque cumplíamos absolutamente todos los requisitos que cumple cualquier persona para ser catalogada en tercer grado", ha reivindicado Carrio. Sobre ello, ha incidido en que no habían cometido ningún delito anteriormente.

"Somos personas con vidas normales, trabajos normales y así fuimos catalogadas de forma normal", ha insistido. Al tiempo, ha concretado que dos de las condenadas, que son madres, llevaban un poco más de tiempo que el resto con métodos telemáticos, a los que se sumaron los demás desde hace unas dos o tres semanas.

Respecto a cómo han vivido a nivel personal esta condena, ha reconocido que "ha habido de todo, subidones, bajones, porque son nueve años y son muchos años, pero yo creo que siempre nos hemos mantenido fuertes, unidas, con mucha dignidad y con la tranquilidad de todo el apoyo que hemos tenido", ha señalado. Ha agradecido, unido a ello, e apoyo sindical y de la sociedad que se ha sumado a la lucha por su libertad y por la acción sindical.

En cuanto a que el hijo de los dueños de la pastelería diga que tiene intención de recurrir el indulto, ha apuntado que le parece algo "bastante propio de él".

"Nos gustaría a nosotras también, ya que se dice que hemos acosado o nos hemos pasado, pues por una vez en la vida con este tema también descansar de ese asedio y esa persecución que llevamos también sufriendo nueve años", ha remarcado Carrio.

González, por su parte, ha expresado su satisfacción, a nivel personal, por el indulto. "A cualquier persona que haya tenido algún tipo de privación de libertad, le gusta recuperarla en la medida de lo posible", ha recalcado.

Dicho esto, ha llamado la atención sobre que, ya colectivamente, la cosa es diferente, al argumentar que aparte de que nunca debió producirse, no deja de haber una jurisprudencia detrás que dificulta el ejercicio del derecho sindical, de la defensa de los derechos laborales y, en general, limita el derecho de reunión y de manifestación, limita las libertades "y eso no es una buena noticia nunca", ha advertido.

Preguntado sobre si cree que la gente puede tener más miedo a raíz de lo que les ha pasado a la hora de ejercer la labor sindical, ha mostrado su deseo a que eso no pase.

González, asimismo, se ha reafirmado en que han defendido durante todos estos años, algo que ha agradecido no haberlo hecho en soledad, que lo que sucedió fue "acción sindical, sindicalismo y ejercicio de derechos fundamentales como son las libertades, o sea los derechos de reunión y manifestación".

"Eso lo hemos defendido siempre", ha reiterado, a lo que ha remarcado que así lo han entendido, también, "decenas de organizaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones de vecinos, un "montonazo de gente anónima, gente del mundo de la cultura y gente a lo largo de todo el mundo se ha solidarizado con nosotros", ha resaltado.

En cuanto a su paso por la cárcel, ha indicado que "no es plato de buen gusto, pero también lo hemos asumido como algo que era un peaje que nos tocaba pagar y que había que asumirlo y llevarlo".

Ha señalado, eso sí, que a veces se ha hecho "más tedioso, otras veces menos". Sí que ha celebrado que hayan podido cumplir buena parte en el régimen de tercer grado "y con entereza". Sobre la multa impuesta, ha indicado que esa está abonada ya desde hace año y medio por lo menos.

Cabe recordar que fue este pasado martes cuando el Consejo de Ministros aprobó la concesión del indulto para los seis sindicalistas, cinco mujeres y un hombre pertenecientes a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que fueron condenados a tres años y medio de cárcel tras participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón, en unos hechos que se remontan a 2017. El negocio acabó cerrando y denunció a los sindicalistas.

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