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OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Stop Baterías ha emitido una nota de prensa en la que ha acusado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano de continuar con la tramitación de proyectos de baterías en suelos no urbanizables de Asturias.
Afirman que esa actividad administrativa se mantiene a pesar de la suspensión de licencias que fue decretada por el acuerdo del Consejo de Gobierno el pasado 5 de septiembre. La organización ha señalado la existencia de autorizaciones recientes para instalaciones en los concejos de Oviedo y Gozón.
En el caso de Los Arenales, en Oviedo, dicen que la empresa Atlántica Energía Sostenible España S.L. ha obtenido la autorización administrativa previa y de construcción para tres proyectos en suelo no urbanizable.
La plataforma ha recordado que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) se pronunció en contra de calificar esta parcela como suelo degradado. Según los informes técnicos, estos terrenos mantienen actualmente un uso ganadero, indican.
Asimismo, el proyecto Tabiella Bess, ubicado en el municipio de Gozón, también habrí recibido las autorizaciones administrativas y de construcción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Stop Baterías ha criticado la falta de comunicación entre las distintas administraciones públicas implicadas en estos procesos.
La plataforma ha asegurado que la Consejería de Industria ha obviado la suspensión de licencias al otorgar autorizaciones basadas en informes de compatibilidad urbanística y de impacto ambiental. Además, ha criticado que la Consejería de Ordenación del Territorio no ha explicado que dicha suspensión no paraliza los trámites competencia de Industria. Según la organización, en ocasiones se han tramitado de manera simultánea los procedimientos administrativos y ambientales para acelerar los procesos.
Finalmente, el colectivo ha subrayado que la suspensión actual tiene carácter temporal a la espera de nuevas directrices sectoriales. Han advertido de que los "espacios degradados" mencionados por el Gobierno podrían facilitar que las promotoras mantengan su interés en suelos de bajo coste. La plataforma ha lamentado la falta de transparencia del portal del Principado y ha afirmado que los ciudadanos se ven obligados a enfrentar costosos procedimientos judiciales.