Vivienda pone en valor que evitó desahucios en los pisos de la Sareb de la calle Río Piloña

GIJÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias ha destacado este miércoles la labor clave de intermediación que ha desarrollado la empresa pública Vipasa con relación a la situación del edificio situado en la calle Río Piloña, en el barrio de Contrueces, en Gijón, al pasar estas viviendas a ser propiedad de la Sareb.

A este respecto, ha apuntado que, desde el inicio del conflicto, Vipasa ha mantenido contacto "permanente", tanto con la propiedad como con las personas residentes, y ha ejercido un trabajo "activo" de mediación que ha permitido frenar en varias ocasiones los desahucios y ganar tiempo para la búsqueda de soluciones.

Según una nota de prensa del Gobierno autonómico, esta actuación constante ha permitido mantener abierto un espacio de interlocución en un contexto de especial complejidad, que ha favorecido que se sigan explorando soluciones habitacionales y ha evitado la adopción de medidas irreversibles para las familias afectadas.

En este contexto, la Consejería ha incidido en que la responsabilidad sobre la gestión del inmueble corresponde actualmente a Casa 47, entidad estatal creada el pasado diciembre y dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En este sentido, ha explicado que Casa 47 asumió los activos inmobiliarios que gestionaba la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), antigua propietaria del edificio de Río Piloña.

También han señalado que el conflicto tiene su origen en el periodo de transición e integración en el que los activos de Sareb pasaron a formar parte del parque público estatal gestionado por Casa 47, lo que generó "incertidumbre" administrativa y jurídica para los residentes.

Por este motivo, la Consejería ha insistido en que, una vez superada la fase inicial de transición, corresponde a la entidad estatal avanzar en la regularización de la situación de vecinos del citado inmueble.

El edificio cuenta con 39 viviendas, de las cuales 14 tienen contrato. En varios casos, ya se han formalizado contratos de alquiler social o se han planteado propuestas con función a criterios de vulnerabilidad, mientras que en otros supuestos se estudian alternativas que permitan garantizar la estabilidad residencial.

Los problemas se produjeron a raíz de un procedimiento de ejecución hipotecaria y la posterior extinción de contratos de arrendamiento, lo que generó un escenario jurídico complejo para las familias residentes.

Asimismo, han indicado que, desde comienzos de 2025, se ha desarrollado un proceso de análisis y negociación en el que la intermediación pública ha sido esencial para ordenar la situación y canalizar soluciones.

Con todo, desde la Consejería de Vivienda se ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando, a través de Vipasa, como agente facilitador entre las partes implicadas, con el objetivo de avanzar hacia la regularización de la situación residencial de las familias. Pese a ello, ha recalcado que no puede interferir en la redacción de los contratos.