Plataforma contra Exclusión Sanitaria pide que la norma de atención a inmigrantes sea "clara"

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria' ha pedido a la Consejería de Sanidad que la próxima normativa que va a elaborar para regular la asistencia de inmigrantes extranjeros en situación irregular y sin recursos sea "clara", "flexible" y "no disuasoria", así como "bien transmitida" al personal que la va a aplicar.

Así lo han reclamado este miércoles en rueda de prensa el médico Joaquín de la Peña, la profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería Mariví Sanchón y la docente jubilada de esta misma facultad Isabel Tejerina, todos ellos miembros de la Plataforma.

Un "problema de esta envergadura", han dicho, "no se puede solucionar con parches" y, aunque han considerado que "lo mejor" sería "volver al sistema de atención universal" para que "ninguna persona se vea discriminada" en el acceso a una "asistencia sanitaria digna" por motivos económicos o de situación administrativa.

En este sentido, han instado al Gobierno de España a que retire los artículos del Decreto 16/2012 que son "contrarios a la atención sanitaria pública y universal" porque "la salud es un derecho de todos y un deber del Estado".

Para el colectivo de inmigrantes, que es el "más afectado" por la normativa del Decreto, han pedido que se les garanticen "unas prestaciones sanitarias en las mismas condiciones que a la población autóctona, en cuanto a asistencia primaria, especializada, medicamentos y otras prestaciones y servicios".

Asimismo, la Plataforma pide que se asegure a las mujeres inmigrantes, que se encuentren en situación administrativa irregular, "total prestación sanitaria para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)".

Además, han reclamado que la nueva regulación retire "cualquier requisito económico" para el acceso a la sanidad porque, en su opinión, es "innecesario" ya que la mayoría de los afectados son personas "sin papeles y sin recursos".

"Ello contribuiría a incrementar más las desigualdades sociales y de salud. Además, esta cláusula supone un cobro adicional a personas que contribuyen al mantenimiento de la sanidad pública mediante los impuestos y el consumo (IVE)", ha opinado Tejerina.

En esta misma línea, esta docente jubilada ha considerado que la "exigencia" de que estas personas tengan que suscribir un seguro "a partir de una barrera tan baja como la del IPREM (532 euros) constituye una discriminación muy lesiva y excluyente", ha dicho.

FLEXIBILIZAR CRITERIOS DE EMPADRONAMIENTO

Por otro lado, los miembros de la Plataforma también han pedido a la Consejería que dirige María José Sáenz de Buruaga que, de cara a la elaboración de la nueva regulación, se flexibilicen los criterios de empadronamiento para "garantizar la atención sanitaria continuada a toda la ciudadanía desde el momento en que se establece en Cantabria".

Además, ha opinado que la "fórmula administrativa" para esta norma ha de ser "clara, no disuasoria, bien transmitida al personal que la ha de aplicar, y tendría que contemplar una cláusula final que recordara a todo el personal que ante situaciones ambiguas o confusas debe hacer lo que esté a su alcance para que prevalezca siempre el derecho a la salud, con especial sensibilidad hacia los colectivos desfavorecidos más vulnerables".

También han exigido que se elimine el parte de asistencia o facturación a los inmigrantes cuando acuden a recibir asistencia sanitaria en cualquiera de los niveles del Sistema Nacional de Salud (SNS). Del mismo modo, han solicitado que se anulen todas las facturas que se hayan generado.

MEDIO CENTENAR DE ACOMPAÑAMIENTOS

Desde la Plataforma también han apuntado que, en el año que lleva en marcha el Decreto, miembros de la misma han realizado medio centenar de acompañamientos de inmigrantes a centros de salud para que recibiesen asistencia. No obstante, han considerado que los afectados por el "efecto disuasorio" de esta norma puede ser "50 o 100 veces mayor".

Además, han criticado que esta situación no sólo afecta al colectivo de inmigrantes o personas en situación irregular sino que "atenta contra los valores éticos y deontológicos" de los trabajadores sanitarios.