Tendrá que restaurarle el grado de dependencia y abonar la prestación económica correspondiente, que dejó de percibir durante un año
SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha logrado anular la rebaja del grado de dependencia que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales ha estado aplicando a una menor ciega desde hace un año, sin haber realizado ninguna valoración ni haber sufrido evolución alguna de su discapacidad visual.
Según ha informado la UCC, aunque el Instituto Cántabro de Servicios Sociales admitió el recurso que presentó la afectada contra esta resolución, no se lo notificó ni lo aplicó, por lo que la familia ha tenido que recurrir a los tribunales. Así, la Administración regional tendrá que restaurar el grado de dependencia a la menor y abonar la prestación económica correspondiente, que dejó de percibir durante un año.
Los hechos tienen su origen en enero de 2012, cuando una resolución del Instituto Cántabro de Servicios Sociales rebaja el grado de dependencia de una menor ciega de ambos ojos del grado 3 al grado 1, con la consecuencia inmediata de la merma en la prestación económica que recibía. El cambio se realiza sin que nadie se ponga en contacto con la familia y sin haber realizado una nueva valoración a la menor, cuya discapacidad no ha sufrido ninguna evolución.
Ante la falta de argumentos objetivos para proceder a dicho cambio, la familia presentó un recurso en marzo de 2012, a través del letrado de la Unión de Consumidores de Cantabria, Enrique Solís, al que la administración no respondió. En agosto de ese mismo año se presentó otro escrito al que tampoco contestaron, por lo que la familia no tiene más remedio que llevar el asunto a los tribunales de justicia.
Una vez en el juzgado, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales comunicó que había estimado el primer recurso presentado por la familia, que ni había sido notificado a los padres ni ejecutado, por cuanto la menor seguía percibiendo menor prestación económica de la que le correspondía. Ahora, el ICASS ha restaurado su grado de dependencia y tendrá que abonar la prestación económica que la menor había dejado de percibir.
"El asunto se ha resuelto un año después de haber presentado el recurso y obligando a los padres a ir al juzgado con los gastos de tasas, abogado y procurador que ello conlleva", señala el letrado Enrique Solís.
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