Entra en vigor la Ordenanza que regula el precio por la prestación del servicio de transporte urbano

TORRELAVEGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves entra definitivamente en vigor la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de transporte urbano, que establece un bono social con bonificaciones de hasta el cien por cien para perceptores de prestaciones por desempleo o ayudas sociales y para personas sin ingresos.

La Ordenanza establece un precio de 1,10 euros para el billete ordinario pagado en el autobús, en el que viajarán gratuitamente los menores de seis años.

Igualmente contempla la posibilidad de adquirir bonos, con un coste de cinco euros para los de 10 viajes; de 15 para el mensual; y de 30 euros al trimestre en el caso del abono joven para menores de 25 años con un número ilimitado de viajes, precios estipulados si se paga sin tarjeta de contacto, según señala la ordenanza, consultada por Europa Press.

La adquisición de las tarjetas de contacto conlleva un recargo de 3 euros que serán reintegrados con la devolución de la misma o compensados cuando se efectúe la adquisición de una nueva.

La ordenanza establece la posibilidad de aplicar bonificaciones a estas tarifas y contempla un abono social con una bonificación del 100% para perceptores de prestaciones por desempleo o ayudas sociales y personas sin ingresos con una renta inferior al salario mínimo interprofesional, o del 50% si es superior hasta 1,5 veces el SMI.

También se aplicarán bonificaciones del 90% para perceptores de una renta inferior al SMI si se trata de personas con más del 33% de minusvalía, de acompañantes de una persona con discapacidad si es menor de 16 años o tiene certificado de movilidad reducida, y para mayores de 65 años. La bonificación será del 50% si estas personas tienen una renta superior y hasta 1,5 veces el SMI.

La ordenanza establece que los usuarios estarán obligados a mantener a disposición de los inspectores del servicio los billetes adquiridos durante toda la duración del mismo, ya que la falta de presentación del mismo en el momento de su requerimiento será sancionado con multa de 50 euros, importe con el que también serán sancionados aquellos usuarios que hagan un uso indebido de la tarjeta, procediéndose a su retirada por un periodo de 90 días.

Además, el uso inadecuado del transporte público o la producción de daños en los bienes afectos al mismo, sin perjuicio del deber de reintegro de los gastos que conlleve su reparación, posibilitarán la expulsión del usuario del autobús, así como la perdida, durante un periodo de hasta dos años, de las bonificaciones que tuviera concedida.